Los casos que involucraron a los hombres del Gobierno
Caso: venta ilegal de carne a la Policía Nacional, enriquecimiento ilícito y compra irregular de semillas.
Denunciado: Antonio Ibáñez, ex ministro de Agricultura y Ganadería.
Antecedentes: en marzo de 2003 se creó la empresa San Antonio, a nombre de Faustino Decoud, para proveer carne a la Intendencia Policial, por valor de 2.300 millones de guaraníes. Decoud era prestanombre y hombre de confianza de Ibáñez desde la época en que este presidía el Fondo Ganadero.
En el caso de la compra irregular de semillas, el MAG benefició a dos empresas allegadas al ministro que habrían sobrefacturado para la provisión de semillas de autoconsumo y renta.
Situación actual: el fiscal Arnaldo Giuzzio es el encargado de determinar si el ex ministro se enriqueció ilícitamente a través de la empresa San Antonio. El Ministerio Público inició la investigación para comprobar si la firma que figuraba a nombre de Faustino Decoud en realidad le generaba ganancias al doctor Antonio Ibáñez. La compra irregular de semillas nunca fue analizada por la Contraloría. La Fiscalía sigue con la investigación.
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Caso: pagos irregulares de Copaco por más de 25 millones de dólares a Siemens AG y Ericsson del Paraguay.
Denunciado: Juan Francisco Godoy, ex presidente del Consejo de Copaco.
Antecedentes: en marzo de 2003, el Poder Ejecutivo autorizó a Copaco el pago de 9.025.971 dólares en concepto de inversiones adicionales a Siemens AG de Alemania. En este mismo decreto también se autoriza el pago de 9.700.000 dólares a la firma Siemens Ltda. de São Paulo, Brasil, por compra directa, al que se suma otro caso de pago por compra directa a la firma Ericsson por valor de 7.524.098 dólares.
Situación actual: el caso fue blanqueado por el ex fiscal de Delitos Económicos Adolfo Marín, quien dijo que no encontró indicios para imputarlo. Desestimó la denuncia.
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Caso: malversación de fondos en la Municipalidad de Fernando de la Mora y en el Ministerio de Salud Pública.
Denunciado: doctor Julio César Velázquez, ex ministro de Salud.
Antecedentes: según informes de Contraloría, durante la administración de Velázquez al frente de la Comuna de Fernando de la Mora, en el 2003, se cometieron diversas irregularidades administrativas. Las infracciones detectadas alcanzan la suma de G. 1.234.190.810. En la cartera de Salud Pública se autorizó la compra directa de Impagas para la provisión de oxígeno medicinal líquido. Renunció al cargo cuando estaba a punto de ser interpelado en la Cámara de Diputados.
Situación actual: el caso ni siquiera fue investigado por el Ministerio Público, pese al informe de Contraloría sobre las irregularidades en el Municipio de Fernando de la Mora.
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Caso: supuesto enriquecimiento ilícito y sospechas de escuchas telefónicas.
Denunciado: coronel Heriberto Galeano, ex comandante del Regimiento Guardia Presidencial y de la Primera División de Infantería.
Antecedentes: Última Hora denunció que el militar construyó un “búnker” en Lambaré con un salario que no supera los G. 4 millones. Galeano afirmó que la casa era alquilada. Sin embargo, se demostró que es el principal accionista de la inmobiliaria que supuestamente le alquilaba el “búnker”.
Reconoció que cuenta con una empresa familiar denominada 6 de Marzo SA, abocada al rubro inmobiliario, y que la integra junto a su hijo Sergio Heriberto Rojas y su hermana Aída Galeano, con un capital autorizado de 500.000.000 de guaraníes, de los cuales 495 millones de las acciones le corresponden. Además, se descubrieron más propiedades a nombre del militar. En una de sus casas se encontraron antenas con capacidad de escanear el espectro radioeléctrico.
Situación actual: ante las publicaciones de ÚH, el fiscal Arnaldo Giuzzio actuó de oficio y lo imputó por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito. Galeano se encuentra con prisión ambulatoria. Por el caso de las supuestas escuchas telefónicas, el fiscal Guillermo Zillich no avanzó en las pesquisas.
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Caso: compra directa en forma ilegal de un software por valor de US$ 2 millones a la firma T-Systems.
Denunciado: Omar Ramos Llano, ex titular de Copaco.
Antecedentes: adujo la urgencia y la dependencia tecnológica para evitar el llamado a licitación para la actualización del sistema Datos de la compañía.
Situación actual: la Contraloría General de la República dictaminó que Ramos debió llamar a una licitación. Copia del dictamen fue remitida al Ministerio Público. El fiscal Raúl González es el encargado de la investigación. Ramos también fue imputado por Giuzzio por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito cuando se desempeñaba como titular de la Conatel.
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Caso: malversación y desvíos de fondos dentro de la Conatel con los denominados Fondos Universales.
Denunciado: Víctor Bogado, actual presidente de la Cámara de Diputados.
Antecedentes: cuando se desempeñaba como presidente de la Conatel, Bogado habría avalado el pago en forma irregular a empresas privadas con los Fondos Universales. Entre el 2000 y 2004 se realizaron pagos por valor de G. 71.000 millones a diferentes empresas durante las administraciones de Bogado, Ramos y Reinoso.
Situación actual: el fiscal Arnaldo Giuzzio lo imputó por el supuesto delito de lesión de confianza y enriquecimiento ilícito. El diputado no fue desaforado gracias al respaldo de sus colegas del Partido Colorado.
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Caso: inversiones ociosas de la aguatera estatal.
Denunciado: Manuel López Cano, actual presidente de la Essap.
Antecedentes: López Cano fue contratista de la Essap con su empresa Obrasan, con la que se adjudicó la construcción de una obra en Caaguazú, que costó cerca de US$ 9.000.000. La obra nunca reportó beneficios para la aguatera y tampoco existe un plan que apunte a recuperar la inversión. López Cano actuó en este caso de juez y parte por su condición de presidente de la Essap y a la vez ex contratista.
Situación actual: el ex fiscal de Delitos Económicos Adolfo Marín inició la investigación, pero no la concluyó.
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Caso: compra de leche en polvo fortificada para el Ministerio de Salud.
Denunciado: Carlos Walde, actual ministro asesor de la Presidencia de la República.
Antecedentes: la empresa del asesor económico de la Presidencia de la República, Carlos Walde, le facturó al Estado paraguayo cerca de G. 2.350 millones entre el 2004 y el 2005. Walde alegó que no hubo transgresión ética. Hubo otras 29 licitaciones públicas ganadas por empresas de su entorno familiar.
Situación actual: pese al dictamen de Contraloría que sostenía la incompatibilidad de Walde de ocupar el cargo y que la empresa de su familia sea beneficiada con licitaciones, el Ministerio Público decidió no imputarlo.