En su reciente informe 2020, dado a conocer ayer por este diario, la misma califica al Paraguay con 65 puntos de un total de cien, repartidos en 28 puntos de 40 sobre el respeto a los derechos políticos y de 37 de 60 en lo referente al cumplimiento de las libertades civiles, incluyendo al país en la categoría de “parcialmente libre”.
El documento es especialmente lapidario con el Poder Judicial en el Paraguay, ya que considera que es solo “nominalmente independiente” y que “los lavadores de dinero, los narcotraficantes y los políticos corruptos han cooptado a las autoridades judiciales locales”. Igualmente, la organización señala que “las garantías constitucionales del debido proceso no se cumplen” en nuestro país, “en gran parte debido a la corrupción que permea el sistema judicial”. Agrega que “las personas con influencia o acceso al dinero con frecuencia pueden obtener un trato favorable en el sistema judicial”.
El informe, producido anualmente por un equipo de analistas internos y externos, asesores expertos de la academia y especialistas de derechos humanos, que este año involucró a más de 125 analistas y 40 asesores, también sostiene que, en el Paraguay, “si bien los funcionarios electos determinan la política del Gobierno, el crimen organizado y la corrupción a menudo influyen o dificultan la toma y la implementación de decisiones”.
También refiere que las leyes anticorrupción se han implementado deficientemente y que “los casos a menudo languidecen durante años en los tribunales sin resolución, y muchos delitos quedan impunes debido a la influencia política en el Poder Judicial”. Aunque esta visión no constituye una novedad para la mayoría de los que habitan el país, que lo sostenga una organización internacional de renombre como Freedom House tiene un efecto demoledor.
Aunque con la renovación de algunos ministros de la Corte y otras acciones esporádicas se trata de dar a entender que hay un proceso de cambio, los esfuerzos que se han hecho hasta ahora por renovar el sistema de Justicia, que incluye tanto a la Fiscalía como al Poder Judicial, son totalmente insuficientes.
El manto de complicidad e impunidad con que se sigue protegiendo a numerosos legisladores, políticos y empresarios a quienes se acusa probadamente de haber robado millonarios recursos estatales y de haber participado de operativos delictivos, es un cuadro cotidiano que toda la ciudadanía percibe. Mientras tanto, se persigue a líderes sociales y de oposición, como a cualquiera que sostenga posturas críticas contra esta situación, recurriendo a una instrumentación de la ley con criterios claramente represivos, que en muchos casos evocan siniestras prácticas de la dictadura stronista.
Si desde la sociedad no se presiona con mayor fuerza para sanear el sistema judicial de tanta destructiva corrupción, acabará socavando nuestra débil democracia.