Los periodistas no somos ciudadanos excepcionales, no estamos por encima de la ley y estamos expuestos, como cualquiera, a ser procesados si cometemos delitos. Tener el privilegio de expresar libremente nuestras opiniones en un medio de comunicación masiva no nos otorgan inmunidad ni impunidad; al contrario, nos exige una alta responsabilidad, ética profesional y un compromiso con el público.
La naturaleza de nuestro oficio nos concede, sin embargo, una función útil y aún necesaria: la de proveer información importante para la sociedad, ejercer un rol de contralor de los poderes, denunciar abusos e irregularidades, lo cual nos ubica en rol a menudo delicado y expuesto a ataques de parte de quienes se sienten molestos cuando ejercemos este papel críticamente.
Por eso la Constitución y el sistema democrático garantizan nuestra tarea, nos convierten en adalides de la libertad de expresión y el derecho a la información, e incluso nos protegen con cláusulas de objeción de conciencia o de no revelar nuestras fuentes confidenciales.
Probablemente la ministra de la Corte Suprema, Gladys Bareiro de Módica, está en su derecho de querellar al periodista Roberto Pérez, del Sistema Nacional de Televisión y Radio Uno 650, al haberse sentido agraviada por algunas expresiones críticas que el colega vertió en su programa radial. Pero en un país en que la Justicia está aún muy corrompida y es frecuentemente manejada por el poder económico y político, sujeta al capricho de los poderosos, resulta al menos desproporcionado que una alta autoridad judicial querelle y pida la cárcel para un periodista, porque tiene el efecto práctico de usar la ley como un garrote jurídico, buscando castigar, atemorizar y acallar las críticas.
La señora Bareiro es ministra de la Corte e integra el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. En el sistema judicial paraguayo, en donde importantes investigaciones criminales –como el sonado caso de la masacre de Curuguaty– se llevan adelante con alevoso y deliberado parcialismo, respondiendo a intereses políticos, ¿quién sería el juez que osaría contradecir a su jefa?
La querella contra Roberto Pérez se da, además, en uno de los momentos de mayor presión y ataque contra la prensa paraguaya. En menos de dos años, desde que asumió el presidente Horacio Cartes, cuatro periodistas y una asistente han sido asesinados por sicarios de la mafia. Las amenazas contra comunicadores son frecuentes, como sucede ahora con Cecilio Espínola, de la radio comunitaria Mandu’arã, de Jasy Kañy (Canindeyú), amenazado de muerte por informar sobre las tierras mal habidas en su región.
“Donde se niega la justicia a la gente, el periodismo se vuelve su último recurso”, dice el maestro colombiano de investigación, Gerardo Reyes.
Imperfecta, cuestionada, vulnerable, la prensa paraguaya sigue siendo uno de los principales sostenes para mantener el sistema democrático, para controlar los excesos del poder y denunciar abusos. Ante la falla de las instituciones, la gente recurre el periodismo.
¿No será que es eso lo que buscan acallar o matar?