Editorial

El país debe superar la crisis y seguir su marcha institucional

Las movilizaciones en contra y a favor del Gobierno –al cumplirse un año de gestión y en medio de una grave conmoción política– hacen bien al ejercicio de la democracia, siempre que se conduzcan por los canales constitucionales, sin actos de violencia ni excesos represivos, buscando que no perjudiquen a la actividad cotidiana de la población. Más allá de cuál sea la salida al conflicto, los actores políticos deben contribuir a superar la actual crisis, permitiendo que las instituciones corrijan los errores y apliquen correctamente las sanciones correspondientes, sin que exista impunidad, para que el país pueda proseguir su marcha.

El ambiente político permanece caldeado desde que estalló la actual crisis en torno al acta secreta de compra de energía de Itaipú. Lamentablemente, en lugar de distender el ambiente, la clase política sigue sumando crispación y no da un corte al estado de conmoción.

A las diversas movilizaciones de partidos y de grupos opositores al Gobierno, que exigen el juicio político al presidente Mario Abdo Benítez y al vicepresidente Hugo Velázquez, se sumó la respuesta de las bases del oficialismo colorado, con una masiva movilización de apoyo a los líderes del Poder Ejecutivo, en contra del juicio político.

Las movilizaciones y las manifestaciones políticas están garantizadas por la Constitución Nacional. Hace bien al ejercicio de la democracia que los ciudadanos sienten posturas ante hechos importantes de la realidad nacional y se movilicen para hacer llegar sus reclamos, siempre que estos derechos se ejerzan sin violencias, conforme a las reglas de la convivencia republicana.

Las autoridades del Estado y en especial del Poder Ejecutivo tienen la obligación y la responsabilidad de garantizar y permitir que estos derechos sean ejercidos libre y correctamente, sin coartar las libertades ni incurrir en excesos represivos.

Pero existe una realidad insoslayable: Un país no puede vivir en un estado de permanentes movilizaciones e indefiniciones políticas, como es el caso del juicio político al titular del Ejecutivo y a su vicepresidente, que tiene que tener un corte en la brevedad sin que esto implique impunidad.

El país necesita estabilidad política para que la inversión y el trabajo sumen sus aportes al indispensable desarrollo.

La difícil situación económica, agravada por el contexto regional, exige el máximo esfuerzo de las autoridades de turno, lo que se torna imposible en un ambiente de turbación.

La división del Partido Colorado –Añetete versus Honor Colorado– está incidiendo negativamente en la posible solución de la crisis. Los cartistas siguen con la intención de mantener latente el juicio político cual espada de Damocles sobre el gobierno de Marito.

Y el presidente Abdo sigue como anestesiado, sin enviar mensajes claros y contundentes a la ciudadanía en el sentido de que está dispuesto a dar un giro de 180° a su gobierno.

En medio de este tira y afloja está la gente, están las grandes dificultades diarias de miles de ciudadanos en los centros hospitalarios: Falta de insumos, medicamentos, camas de terapia intensiva, médicos, etc. Y están las inversiones paralizadas, las empresas en incertidumbre, la gente sin trabajo, el país a media marcha.

Sin embargo, la clase política continúa en su burbuja de intereses mezquinos, sin interpretar los verdaderos anhelos de un pueblo nuevamente defraudado, construyendo así el escenario perfecto para los modelos populistas tan de moda en estos tiempos.

Más allá de cuál sea la salida al conflicto, los actores políticos deben contribuir a superar la actual crisis, permitiendo que las instituciones corrijan los errores y apliquen correctamente las sanciones correspondientes, sin que exista impunidad, para que el país pueda proseguir su marcha.

Dejá tu comentario