Las obras públicas siempre han sido uno de los núcleos de corrupción en el aparato estatal paraguayo. Desde aulas escolares y empedrados, hasta infraestructura vial y represas, en todos los casos se verifican los mismos problemas. La mala calidad, los sobrecostos, el tráfico de influencias, los conflictos de intereses están a la orden del día. Una parte por el mal diseño de los procesos de contrataciones que no consideran las fallas de mercado. Paraguay tiene un mercado pequeño y altamente concentrado, por lo que el vínculo entre competencia y eficiencia es casi inexistente.
A esto se agrega la corrupción sistémica en el sector. Solo basta analizar el historial de renegociaciones de contratos y sobrefacturaciones, la entrega de trabajos sin cumplir con especificaciones técnicas y retrasos en la ejecución de las obras, sin empresas ni funcionarios públicos penalizados.
La señal que se da al mercado es inequívoca. Siempre se gana contratando con el sector público y se gana más cuanto más corrupto se es. El resultado es que las empresas con altos estándares éticos no se presentan a las licitaciones, por lo que queda el camino libre a las inescrupulosas. Al final, la que pierde es la ciudadanía, porque termina pagando por obras que no le beneficiaron, mientras un sector minoritario se apropia de los recursos públicos, tanto bajo la forma de remuneraciones y “gratificaciones” como de pagos por obras.
La ciudadanía no solo paga con sus impuestos, sino también por la falta de caminos y la destrucción de sus activos. El ejemplo mas reciente es el de los afectados por el Metrobús. No solo pagaremos un préstamo sin resultados, sino que además mucha gente perdió su emprendimiento de años, tiempo de traslado, entre otras consecuencias difíciles de cuantificar su dimensión.
Si el Gobierno decide tomar como opción de política pública el impulso a las obras estatales para frenar la desaceleración económica, debe paralelamente implementar cambios estructurales en la gestión de las contrataciones públicas, empezando por poner al frente a funcionarios sin ningún tipo de antecedentes, incorporando mecanismos de transparencia y rendición de cuentas y generando oportunidades para que la ciudadanía alerte oportunamente cualquier tipo de anormalidad.
Este Gobierno tiene todavía muchos años por delante. Salvo que su objetivo sea robarle al Estado para comprar votos en las siguientes elecciones, la continuidad de la gestión dependerá del rédito político que vaya ganando a través de la satisfacción ciudadana. Frente al mayor ritmo de ralentización económica, tiene la oportunidad de marcar diferencias con gobiernos anteriores, que han hecho de las obras públicas un botín político.
Esperemos que las autoridades con competencia en este tema sean conscientes de que con una buena gestión de la inversión pública ganamos todos: políticos, ciudadanía y el sector privado. El MOPC tiene suficientes recursos para contribuir a dinamizar la economía en el corto plazo y generar las condiciones que requiere un crecimiento inclusivo y sostenible a largo plazo. Ojalá asuma el compromiso de lograrlo.
