El escándalo se remonta a septiembre pasado, cuando se conoció la ejecución de 23 jóvenes que desaparecieron en enero pasado y que días después fueron reportados como “bajas en combate”, cuando al parecer habían muerto a manos de militares.
El alto oficial tomó la decisión cinco días después de que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, anunciara la retirada de sus cargos de 27 oficiales y suboficiales del Ejército. EFE | Ampliar imagen
Estos adolescentes fueron supuestamente reclutados por el Ejército y enviados desde Soacha, localidad colindante con Bogotá, hasta una región rural del departamento de Norte de Santander, a unos 800 kilómetros al noreste de la capital, donde fueron dados por muertos como guerrilleros caídos en combate.
En este contexto, Montoya, máximo responsable del Ejército colombiano, presentó hoy su renuncia al presidente Álvaro Uribe, cinco días después de que el gobernante anunció la separación de sus cargos de 27 oficiales, entre ellos tres generales y suboficiales del Ejército, a raíz de la misma investigación.
“Me trajo una muy sentida carta de renuncia al comando del Ejército (...) y yo le dije: ‘General no renuncie, usted ha hecho una labor operativa muy buena, excelente, miremos cómo vamos superando estas dificultades’. Él insistió por diferentes razones”, dijo el jefe de Estado en rueda de prensa.
Uribe cuestionó a algunos oficiales, al señalar que equivocadamente “creen que para ser transparentes hay que renunciar a ser eficaz y dejar que simplemente pasen los años sin combatir a los terroristas”.
Agregó que otros, también equivocados, están seguros que para ser “eficaz hay que violar la transparencia”.
“El general Mario Montoya ha entendido siempre que la eficacia tiene que ir acompañada de la transparencia”, aseguró.
El jefe de Estado añadió que en la nueva etapa que inicia el Ejército estará al mando el general Óscar González, “quien tiene los más reconocidos atributos”.
En su carta de retiro, Montoya pidió no condenar a los miembros de la institución que se han visto comprometidos en la investigación “sin antes haberles concedido el derecho a defenderse”.
Asimismo, aseguró que “la política de seguridad democrática”, eje de la estrategia de Uribe en la lucha contra las guerrillas, el narcotráfico y la violencia, “definitivamente cambió la vida de los colombianos”
A raíz de esa política, que según Montoya “se constituyó en la guía y misión para el Ejército”, se han dado duros golpes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y se logró una importante desmovilización de paramilitares en los últimos años.
Pero esa estrategia también ha generado lo que en Colombia se llaman “falsos positivos” -supuestos golpes a la guerrilla- e incluso detenciones y eliminación de subversivos que, según denuncias de familiares de víctimas y organizaciones no gubernamentales (ONG), no son más que colombianos civiles e inocentes presentados como “muertos en combate”.
Por su parte, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, reconoció en una comparecencia ante el Congreso que sí hubo ejecuciones extrajudiciales, aunque aclaró que no son en el número que algunas ONG “han querido hacer ver ante la opinión pública”.
“Sí hay ejecuciones extrajudiciales y lo reconozco como ministro de Defensa y queremos que se resuelvan, así se trate de uno solo”, dijo al acusar también a las FARC de asesinar civiles y presentar algunos de sus hombres muertos en combate como ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del Ejército.
Después de las denuncias y el hallazgo de los cuerpos sin vida de los jóvenes de Soacha, el Partido Liberal (PL) y el Polo Democrático Alternativo (PDA), ambos en la oposición, exigieron responsabilidad política por estos hechos.
La renuncia de Montoya coincide, igualmente, con la investigación que llevan a cabo la Fiscalía y la Procuraduría colombianas a un total de 3.021 funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia por supuestas violaciones a los derechos humanos.
De igual forma, el Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, que agrupa a diversas ONG, reveló que entre enero de 2007 y junio de 2008 se cometieron en total 535 ejecuciones “extrajudiciales” en las que estarían involucrados “directamente” miembros de la Fuerza Pública.
Este escándalo ha reducido la euforia de la denominada “Operación Jaque”, la que permitió de forma impecable liberar el pasado 2 de julio a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y otros 14 secuestrados de las FARC, entre ellos tres estadounidenses.
En aquella operación, una obra maestra según los servicios de inteligencia mundiales, participó el propio Montoya, a quien ahora se le ha puesto en tela de juicio a causa de los “falsos positivos” que empiezan a salir a la luz en Colombia.