Era 2007 y Daniel, quien tenía un programa en una emisora local, promovía debates entre sus oyentes sobre cuestiones vecinales. Alguien le dijo que el intendente municipal había contratado a muchos nuevos funcionarios para premiar a sus correligionarios y el comunicador quiso tener los datos para comprobar. Por ello hizo un pedido oficial, por nota, que presentó en mesa de entrada.
“Fue una oyente la que me impulsó a presentar la nota. Dije que la iba a presentar, y si me decían que no, iba a decir que por lo menos lo intenté”, recuerda Vargas.
SIN RESPUESTAS. Al primer pedido, ni siquiera le respondieron. Vargas acudió al abogado Ezequiel Santagada, con quien presentó un recurso de amparo para que el municipio responda la petición.
“Logramos que me respondan, pero el resultado fue negativo. Decían que lo que pedíamos era una barbaridad, porque esos datos eran supuestamente algo interno de la institución”, expresa.
La respuesta de la Comuna se fundamentaba en que Vargas era “un ciudadano de tercera para acceder a la información pública”, que el Municipio no era fuente de información y que su pedido atentaba contra el derecho de intimidad de los funcionarios.
Ante la negativa, Vargas pudo conocer a otras personas capacitadas en derecho, como Benjamín Fernández Bogado, Pepe Costa y la actual ministra de Justicia y Trabajo, Sheila Abed, quien en ese momento lideraba la organización no gubernamental Idea. Así empezó una verdadera cruzada por el derecho a acceder a la información pública.
“En primera instancia, nuestra acción fue rechazada en la justicia, bajo el mismo argumento de la privacidad de los funcionarios. No obstante, recurrimos a una segunda instancia”, recuerda.
Paralelamente, otro ciudadano de Lambaré, Félix César Picco, se sumó haciendo un planteamiento similar ante su Municipio, que también fue denegado. Pero en una segunda instancia obtuvo suceso y un juez ordenó al entonces intendente lambareño que entregue la información requerida.
LOGRO. En 2008, Vargas recurrió ante la Corte Suprema de Justicia, planteando una acción de inconstitucionalidad, que estuvo guardada por varios años, hasta que la presión periodística y ciudadana ejercida en 2014 obligó a que los ministros de la Corte respondan positivamente al planteamiento de Vargas.
El fallo de la Corte obligó a que todas las instituciones estatales provean las nóminas de funcionarios y sus respectivos salarios, lo cual abrió las posibilidades de que el Congreso finalmente sancione una Ley de Acceso a la Información Pública.
“Sin lugar a dudas, una de las llaves principales para que se abra virtualmente las puertas a la información pública, fue la presión de la prensa y de la ciudadanía”, dice Daniel Vargas, quien hoy es reconocido por su labor pionera en favor de la transparencia.
“La ciudadanía debe tratar ahora más que nunca de usar este derecho. Las puertas de acceso a la información pública están abiertas, pero faltan muchos escalones por subir”, asegura.