El 2013 será recordado como el año en que la presión del periodismo y de la gente obligaron a instituciones del Estado a revelar sus nóminas y salarios de empleados, seguidos por una gran ola de repudio, que permitió una de las mayores victorias ciudadanas contra la corrupción y la prepotencia de la clase política.
Lo que se inició en julio, con un pedido de dos reporteras de Última Hora para que las Cámaras del Congreso provean listas de sus funcionarios y sus respectivas asignaciones, pronto se convirtió en una cuestión de interés colectivo.
En octubre, los medios empezaron a divulgar casos de corrupción en que estaban implicados parlamentarios, como el diputado colorado Víctor Bogado, quien presuntamente gestionó y obtuvo salarios por más de 15 millones de guaraníes en dos instituciones para una mujer, Gabriela Quintana, quien habría ejercido como niñera de sus hijos.
PRESIONES. El 15 de octubre, la Corte Suprema de Justicia dio un vuelco a la situación, al establecer en un fallo que “las fuentes públicas de información son libres para todos”.
Al Congreso y a la mayoría de las instituciones no les quedaron más alternativas que entregar las listas. Empezaron a saltar más casos, como el de la diputada Perla de Vázquez, cuya hija Perlita cobraba salarios en cinco instituciones, por más de 30 millones.
A través de las redes sociales en internet se convocó a una marcha ciudadana para el 15 de noviembre, bautizada como el #15Npy.
Dos días antes, el Senado trató el pedido de un juez, que solicitaba el desafuero de Víctor Bogado, para procesarlo tras haberlo imputado por estafa y cómplice de cobro ilegal de honorarios. Unos 23 senadores votaron a favor de que Bogado no sea desaforado, lo cual fue interpretado como “una burla a la ciudadanía y a la Justicia”.
La marcha del #15Npy fue multitudinaria. Y cerca de 200 locales nocturnos, restaurantes y comercios se plegaron a una campaña de repudio, negando el acceso a los 23 senadores.
Resultado: El propio Bogado debió volver pedir su desafuero y todos votaron en forma unánime a favor. Desde entonces, los políticos buscan hacer buena letra, y ya van varios casos de legisladores en vías de ser desaforados para ser investigados por la Justicia.