Editorial

El Gobierno y los políticos deben escuchar la voz de la ciudadanía

La creciente ola de protestas en la capital y varios puntos del país, en reclamo de juicio político al presidente y al vice ante lo que se considera una actitud entreguista en las negociaciones sobre Itaipú con el Brasil, requiere respuestas más firmes del Gobierno, las instituciones y los políticos. Una de las condiciones indudablemente es garantizar una investigación rápida y exhaustiva de los hechos que llevaron al escándalo del acta de Itaipú, y sobre el vicepresidente, principal involucrado en un presunto negociado con la venta de energía. Y es necesario que el Gobierno dé señales contundentes de que va a administrar el país con mayor cuidado y eficiencia. Dejar las cosas como están solo agravará aún más la situación.

Han transcurrido ya más de tres semanas desde que estalló la más grave crisis política del Gobierno de Mario Abdo Benítez, cuando se reveló que se había firmado en secreto un acta bilateral con el Brasil sobre la compra de energía de Itaipú, en condiciones desfavorables para el Paraguay, y que incluso estaba en marcha una negociación paralela con una empresa brasileña, presuntamente ligada a la familia del presidente brasileño.

El presidente logró la anulación del acta cuestionada y destituyó a varios presuntos involucrados, con lo cual frenó –por el momento– con negociaciones la posibilidad de ser destituido por un juicio en el Parlamento. Sin embargo, no ha conseguido devolver la tranquilidad al país ni recuperar la estabilidad para seguir gobernando.

Por el contrario, en los últimos días fue creciendo una ola de manifestaciones de protesta ciudadana, no solamente en la capital sino también en el interior del país.

Una de las jornadas más multitudinarias y violentas se vivió el miércoles en Ciudad del Este, donde se cerró por horas el tránsito internacional por el Puente de la Amistad, con un saldo de manifestantes heridos durante la represión policial. Esa misma noche en Asunción hubo otra importante marcha y concentración hasta el Panteón de los Héroes, y en la víspera siguieron las movilizaciones de grupos campesinos, gremios estudiantiles y partidos de oposición.

Aunque sectores del oficialismo insistan en calificar las protestas como parte de una conspiración para desalojarlos del poder, no se puede ignorar que persiste un sentimiento de indignación y de falta de credibilidad en exponentes del Gobierno, por la manera en que se condujo la negociación de compra de energía de Itaipú y la situación aún no aclarada del presunto negociado, que involucra al vicepresidente Velázquez, a través de un joven abogado que se presentaba como su asesor jurídico y representante. Hasta ahora, la vacilante reacción del presidente de la República ante la crisis no ha resultado convincente.

Existe en la gente una fuerte sensación de que se pretende tapar el caso con impunidad, a través de un acuerdo entre Mario Abdo y el ex presidente Horacio Cartes. Con lo cual el actual mandatario queda como prisionero político de su principal contrincante, situación que no es bien vista por la mayor parte de la ciudadanía, ni es saludable para la democracia.

Es por eso que una de las opciones para devolver la estabilidad al país es que las investigaciones, tanto de los fiscales como de la Comisión Bicameral de Investigación, aceleren sus pasos y prioricen la aclaración del tema de la firma del acta finalmente anulada y, sobre todo, la responsabilidad del vicepresidente Hugo Velázquez en el supuesto negociado para la venta de energía de ANDE a empresas de Brasil. Entretanto, Mario Abdo tiene la posibilidad de marcar distancia de su vicepresidente, ya que es imperioso para él reconstruir confianza.

Lo concreto es que el país está expectante de una respuesta convincente de parte de la clase política, que por lo que se ve, hasta ahora sigue manejando los resortes de manera sectaria y no con responsabilidad y compromiso con la democracia.

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