Bergara realizó estas declaraciones a la prensa tras mantener una reunión con el secretariado ejecutivo de la central sindical única de trabajadores de Uruguay, el PIT-CNT.
El proyecto de ley, que será enviado al Parlamento esta semana, incluirá reducciones en las tarifas de la electricidad o la telefonía básica, según avanzó el titular de Economía.
Además, también plantea la posibilidad de reducir el porcentaje de IVA en la importación, exportación y comercialización de frutas y verduras, un sector al que Bergara responsabilizó del “salto inflacionario” registrado en el país en los últimos meses.
En total, se estima que la aplicación de estas medidas tributarias supondrá para el Gobierno uruguayo una renuncia fiscal de alrededor de 100 millones de dólares.
El objetivo de este paquete de medidas es rebajar la inflación y reconducirla hacia el rango objetivo acordado con el Banco Central uruguayo, con un techo de un 7 % anual.
Bergara planteó además que las reducciones del IVA en electricidad y telefonía afecten prioritariamente a los sectores con menor consumo, que coinciden con los de menores ingresos, y que cifró en unos 200.000 hogares que pagan la tarifa básica.
También propuso alcanzar acuerdos con las grandes superficies sobre los precios de algunos productos de la canasta básica, para congelar o eventualmente rebajar su costo.
De cara a la subida de la cuota mutual que los uruguayos pagan por su seguro de salud, el Gobierno baraja ampliar los subsidios para facilitar el pago de esta cuota.
El ministro de Economía admitió que este conjunto de medidas “no combaten la inflación estructural”, pero sí evitan que “situaciones coyunturales, como las inundaciones” registradas en este primer trimestre del año en el campo uruguayo eleven las expectativas de inflación en el corto plazo.
Bergara aludió además a la especulación de precios ejercida por algunos comerciantes hortofrutícolas coincidiendo con el daño a las cosechas provocado por los recientes temporales.
También descartó rebajar el gasto público, revisar los acuerdos alcanzados con los trabajadores públicos y privados en los convenios sectoriales impuestos por el Gobierno o modificar la estrategia de gestión de la deuda estatal como medidas para contener la inflación.
Por su parte, el coordinador del PIT-CNT, Fernando Pereyra, culpabilizó del incremento de los precios a “la especulación de una parte del sector empresarial”, especialmente en el caso de “los oligopolios productores de alimentos y las grandes superficies”.
Pereyra explicó que el objetivo de las medidas gubernamentales para el control de la inflación es “mejorar la calidad de vida de los trabajadores con menor poder de compra” y argumentó que “el crecimiento del salario real es más estable con una inflación baja”.
Según los últimos datos oficiales, la inflación fue del 1,66 % en febrero, lo que unido al 2,44 % de enero llevó este índice al 9,82 % en los últimos doce meses, la tasa interanual más alta desde agosto de 2002, en plena crisis financiera por el contagio de la suspensión de pagos argentina.
Aunque todavía se encuentra a mucha distancia de Venezuela y Argentina, Uruguay se ha asentado en los últimos tiempos como el tercer país con mayor inflación de América Latina, lo que está encareciendo notablemente la vida en un país históricamente caro.
