Aunque ya se venía especulando que ocurriría, el Gobierno nuevamente sorprendió en la noche del domingo a numerosos sectores de la sociedad con nuevas medidas restrictivas impuestas por decreto, que básicamente establecen un toque de queda y cese de circulación entre las 20:00 y las 5:00 en 24 ciudades del país, las que se hallan con más altos casos de contagio de Covid-19, desde este jueves 18 de marzo hasta el domingo 4 de abril.
También se suspenden las clases educativas presenciales y los deportes amateur de contacto en las localidades afectadas, que son: Asunción, Luque, Lambaré, Mariano Roque Alonso, Ñemby, San Lorenzo, Villa Elisa, Fernando de la Mora, Caacupé, San Bernardino, Guarambaré, Paraguarí, Pilar, Encarnación, Coronel Bogado, Hohenau, Fram, Caraguatay, Ayolas, Caazapá, Villarrica, San Ignacio y San Juan Bautista –Misiones– y Ciudad del Este.
La comunicación de las medidas ha generado diversas reacciones de los sectores más afectados, entre ellos el de los empresarios gastronómicos, que han cuestionado no haber sido consultados previamente acerca de lo que les perjudicaría directamente.
El directivo de la Asociación de Gastronómicos del Paraguay (AGP), Juan Galeano Grassi, anunció que no acatarán las restricciones establecidas por “un Gobierno inepto, mediocre y extremadamente corrupto”, que tuvo un año para prepararse para la situación actual y no lo hizo. Otros sectores empresariales, como la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), también remarcaron que las disposiciones causarán un golpe de gracia a sectores económicos que aún no han logrado recuperarse de la larga cuarentena anterior.
Esta especie de abierta desobediencia civil al nuevo toque de queda era de esperarse. Con la ineficiencia en gestionar la crisis de la pandemia durante más de un año y los numerosos indicios de que una gran parte del dinero destinado a la emergencia se ha dilapidado en hechos de corrupción o en costear privilegios, la administración del presidente Mario Abdo Benítez ha perdido autoridad moral para exigir más sacrificios a la población.
Es verdad que la situación se ha vuelto más grave y exige mayor conciencia ciudadana, pero mientras las autoridades y la clase política no demuestren gestos de verdadera austeridad, de mayor eficacia y voluntad en resolver los muchos reclamos, y sobre todo de evitar y castigar los casos de corrupción, será difícil obtener acatamiento a las medidas.
Ante la airada reacción de los sectores ciudadanos, el Gobierno ya ha debido modificar algunas de sus decisiones iniciales. Tras una reunión mantenida ayer a la mañana con los miembros del sector gastronómico, de eventos y de bares, el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, anunció que finalmente se permitirá el funcionamiento de los locales hasta la medianoche, pero los clientes que circulen en el horario del toque de queda y sean controlados por la policía deberán exhibir las facturas de consumición o las reservas hechas en los restaurantes para no ser detenidos, una situación que abre muchas posibilidades de evadir el supuesto cerco sanitario, y que demuestra además la poca seriedad gubernamental al establecer las medidas y luego tener que recular ante la presión pública.