La empresa estatal, sin embargo, no consigue ni atender la demanda, ni los reclamos, como tampoco cerrar la brecha de atraso que tiene. Según uno de sus directivos, el suministro de agua se vio afectado debido al mantenimiento de una de las bombas y el cambio de flujos; y que hace 20 años se dejaron de hacer las inversiones en infraestructura de agua potable en la empresa. De hecho, la última consistió en una inversión de 58 millones de dólares en 1999 y 2000, y que gracias a eso se cuenta con nueve centros de distribución más.
La Essap cuenta con 30 bombas en funcionamiento, las cuales están con vida útil vencida. “Es como un auto viejo”, había reconocido Natalicio Chase, presidente de la Essap, en una entrevista en la Radio Monumental. Informó que hay planes de cambiar 100% las bombas, pero la caja financiera de la aguatera no se los permite.
Pero así como se suman los reclamos por la falta de suministro del vital líquido, además de los tan frecuentes caños rotos a lo largo y ancho de la ciudad, se repiten las explicaciones de las autoridades.
La falta de inversión y la obsolescencia de la infraestructura son las principales causas de la actual situación. Todo esto no solo priva al país de un servicio básico tan necesario, sino que además aporta también dudas acerca de la calidad del agua que consumimos.
Esta es en realidad una situación que se arrastra desde hace varias décadas; y lo peor de todo es que, cada vez que se produce un nuevo evento, volvemos a escuchar –año tras año, gobierno tras gobierno–, las mismas explicaciones técnicas. Pero estas excusas ya no convencen.
El Estado paraguayo es un elefante grande, pesado y caro de mantener. Las entidades públicas se han llenado de funcionarios públicos, que no siempre son tan útiles para cumplir el servicio de proveer calidad de vida a los paraguayos, que con sus impuestos los mantienen a ellos y a la pesada carga burocrática.
Hace apenas unas semanas el país entero estaba debatiendo escandalizado por los privilegios y pagos extras diversos que reciben los empleados públicos de algunas instituciones. Ante aquella caradurez, los funcionarios no son capaces ni siquiera de admitir que no son capaces de proveer un servicio eficiente a los paraguayos.
Además de todo esto, las instituciones públicas continúan representando un codiciado botín para la clase política. Entes estatales que deberían proveer eficientes y necesarios servicios son considerados nada más para pagar deudas electorales.
La población merece recibir un buen servicio, y las autoridades deben dar soluciones en vez de excusas. Ya basta de tanta inoperancia, ya basta de indiferencia ante los reclamos ciudadanos.
