El decreto apunta a “legitimar” y “reconocer” la propiedad sobre la base de lo que será considerado como “ocupaciones urbanas que ya estén consolidadas”, sean “irreversibles” y hayan sido levantadas en terrenos tanto públicos como privados.
El ministro de Ciudades, Bruno Araújo, explicó en un comunicado que “el título de propiedad permitirá recuperar millones de activos para la economía, que se pueden utilizar en el mercado” tanto para operaciones de compra y venta o para acceder a créditos mediante la contratación de hipotecas.
También sostuvo que la regularización dará más valor de mercado tanto a las viviendas como a los terrenos y servirá para potenciar el mercado inmobiliario, en momentos en que Brasil se enfrenta a una aguda crisis económica y fiscal.
La ocupación ilegal de terrenos tanto públicos como privados es un fenómeno expandido en todo el país y ha llevado al crecimiento de las favelas en las grandes ciudades, como Río de Janeiro, donde las viviendas irregulares trepan sin ningún orden por cerros y montañas.
Sin embargo, el fenómeno también se ha dado en las clases más acomodadas de la sociedad y es palpable en Brasilia, donde existen numerosos condominios de mansiones construidos en terrenos ocupados en forma ilegal, que también serán objeto del decreto publicado hoy.
En las últimas décadas, todos los gobiernos brasileños han intentado regularizar esa situación, pero hasta ahora todos los planes han fracasado.
Uno de los principales obstáculos, según distintas autoridades, ha sido la negativa de quienes ocupan esos espacios a pasar a pagar los impuestos que implicaría la regularización de la propiedad.
