EFE
En una rueda de prensa, Capitanich afirmó que lo que se busca es “garantizar la voluntad de pago incólume de la Argentina” y abrir la posibilidad de que cobren en el país los acreedores (el 92,4 % del total) que aceptaron reestructurar los títulos de deuda soberana en su poder que estaban en mora desde el cese de pagos de 2001.
El último pago, previsto para el 30 de junio, fue depositado por el Gobierno argentino en entidades bancarias extranjeras, pero parte de lo girado a EEUU se encuentra retenido por orden judicial hasta que el Ejecutivo cumpla con una sentencia de un juez estadounidense que favorece al 1 % de acreedores, en su mayoría fondos especulativos, que reclaman la suma íntegra de la deuda.
El jefe de ministros argentino afirmó que el proyecto de ley de pago soberano será sometido a debate en el Congreso y sólo tras su redacción definitiva se definirá su instrumentación.
La iniciativa, anunciada el martes por Fernández, contempla emitir instrumentos legales que permitan el cobro en Argentina de los tenedores de bonos reestructurados e incluye la apertura de una cuenta especial donde se depositará lo que deberían cobrar los acreedores que no entraron a los canjes.
Propone también substituir el agente de pago actual, el Banco de Nueva York Mellon, por Nación Fideicomisos, subsidiaria del estatal Banco de la Nación Argentina.
Ante la posibilidad de que el juez neoyorquino Thomas Griesa declare al país en desacato por desobedecer el fallo que le obliga a pagar a los fondos de inversión la deuda íntegra, 1.300 millones de dólares más intereses, Capitanich subrayó que “Argentina es un país soberano y tiene inmunidad soberana”.
“No es exactamente lo mismo una persona física o una persona jurídica, que un país soberano”, agregó el jefe de Gabinete.
Capitanich reiteró que Argentina no está en cese de pagos porque depositó los fondos correspondientes a los tenedores de bonos y volvió a arremeter contra Griesa, al que calificó como “un ariete para fulminar el proceso de reestructuración de la deuda”.
Además, insistió en la responsabilidad de Estados Unidos por la actuación de su poder judicial.
