La presidenta argentina, Cristina Fernández, instruyó hoy al Ministerio de Planificación a iniciar los trámites para la expropiación y designó un comité para administrar la línea aérea de bandera y sus subsidiarias.
Aviones de Aerolíneas Argentinas estacionan en el aeropuerto metropolitano de la ciudad de Buenos Aires el pasado mes de diciembre. EFE/Archivo | Ampliar imagen
La decisión oficial era el paso previsto luego de que el Parlamento aprobara el pasado 17 de diciembre una ley que declaró a Aerolíneas y sus empresas subsidiarias de “utilidad pública sujetas a expropiación”, con lo que el Estado quedó habilitado para iniciar un juicio sumario para la expropiación de las firmas.
“Para nosotros no hay sorpresa, estábamos esperando este paso del Gobierno”, indicaron fuentes de Marsans consultadas por Efe, que admitieron que “no hay vuelta atrás” con el proceso de expropiación, por lo que seguirán con su reclamo por supuesta “confiscación” ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.
El Ministerio de Planificación ya notificó a Marsans del inicio del proceso de expropiación, maniobra por la que el Estado deberá pagarle al grupo español una indemnización que, según las leyes argentinas, establecerá el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Ese organismo ya determinó que Aerolíneas tiene una valoración negativa de 832 millones de dólares, por lo que el Estado debería pagar un valor simbólico de un peso.
Para Marsans, dueño del 94,41 por ciento de Aerolíneas, la compañía vale entre 330 y 546 millones de dólares, según determinó el banco Credit Suisse por encargo del grupo español.
La Ley de Expropiaciones establece que si no hay avenencia respecto del valor de los bienes, la cuestión deberá resolverse mediante un juicio sumario, una instancia para la que ya se prepara Marsans.
Aun así, en el grupo español aseguran que no han “cerrado el diálogo con el Gobierno” y que aspiran a llegar a un acuerdo con Buenos Aires para obtener un resarcimiento económico y evitar así el juicio en el CIADI, que podría demorarse varios años.
Las fuentes señalaron incluso que hay una “pequeña negociación en pie” para que el Estado adquiera aviones que Marsans reservó a la fabricante Airbus para dotar a la flota de Aerolíneas, un total de treinta aparatos por 2.000 millones de dólares que podrían ser entregados a partir de 2010, mientras otros fabricantes solo garantizan entregas a parir de 2012.
Sin embargo, fuentes sindicales de Aerolíneas consultadas por Efe indicaron que el Gobierno les aseguró que tal negociación no existe, mientras que el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, dijo hoy que Aerolíneas comprará veinte aviones para renovar su flota.
Los seis sindicatos que representan a los casi 9.000 trabajadores de Aerolíneas están dispuestos a firmar un compromiso de colaboración con la nueva conducción de la empresa, que por el decreto firmado hoy por la presidenta estará a cargo de una unidad administrativa bajo la órbita de la Secretaría de Transporte.
Los trabajadores, en tanto, se harán con una participación accionarial de hasta un 10 por ciento, una vez concretada la expropiación de Aerolíneas y sus subsidiarias Austral (vuelos domésticos), Optar (operador de turismo), Jet Paq (carga) y Aerohandling (servicios de rampa).
Cristina Fernández instruyó, además, a la Procuración del Tesoro a “presentarse en todas las causas penales existentes en las que se investiguen los eventuales delitos que los actuales accionistas mayoritarios” de Aerolíneas y sus subsidiarias “o aún terceros hubiesen cometido en perjuicio del patrimonio de la sociedad”.
También ordenó al organismo público a denunciar “los eventuales hechos ilícitos que llegaren a su conocimiento por dicha gestión, así como a iniciar las acciones civiles y comerciales que correspondan a fin de recuperar el patrimonio afectado por la deficiente gestión, dolo o culpa de los administradores”.
De acuerdo con un informe de la Auditoría General de la Nación, que revisó la contabilidad de Aerolíneas y Austral, ambas empresas registraban al 17 de julio pasado un patrimonio neto negativo de 733,2 millones de dólares, por lo que técnicamente están en proceso de disolución.
Además, a esa fecha acumulaban pérdidas netas por 234,1 millones de dólares y una deuda cercana a los mil millones de dólares.