La siderúrgica, ubicada en Villa Hayes, fue la única de propiedad estatal que desde la apertura democrática en 1989, se privatizó, aunque el proceso estuvo salpicado de denuncias de corrupción y el Estado aún no percibió la última cuota (unos cinco millones de dólares) que adeuda el sector empresarial que lo adquirió.
Actualmente, la empresa es administrada por el consorcio paraguayo Industria Siderúrgica SA, que adquirió este año el 66,7 por ciento de las acciones a la firma Cerro Lorito SA, que pertenecía al polémico empresario argentino Sergio Taselli. El resto de las acciones (33,3%) son de la Cooperativa de Trabajadores de Acepar (Cotrapar).
Ayer, en conferencia de prensa, el presidente Cartes anunció que ha decidido intervenir Acepar, a fin de que sea administrado por el Estado paraguayo.
Este hecho se produce justo un día antes de que la Cámara de Diputados defina el proyecto de la alianza público-privada (APP). Lo que hará Cartes es volver a estatizar la administración de la acería que está en manos del sector privado y en condiciones financieras altamente negativas.
No obstante, en el ámbito político se lo considera una jugada estratégica para enviar un mensaje de respuesta a los sectores que se oponen a la ley de la APP, de que no venderá ningún patrimonio público.
ARGUMENTOS. En la conferencia de prensa, el jefe de Estado expresó la necesidad de recuperar la acería que “fue saqueada por más de 15 años desde su venta”.
Apuntó que la intención de esto es volverla rentable, aunque no brindó detalles sobre cómo, teniendo en cuenta que Acepar hoy requiere de una inversión multimillonaria de entrada para encaminarla hacia el citado objetivo.
“Recuperar este patrimonio es una obligación. Ha sido un saqueo constante de los bienes del Paraguay”, apuntó el presidente.
El procurador Moreno Rodríguez Alcalá, por su parte, sostuvo que el proceso de Acepar fue un rotundo fracaso desde que pasó a manos privadas.
Subrayó que la empresa tiene un pasivo de 50 millones de dólares y se pedirá la remoción de los actuales encargados, “para evitar el vaciamiento de una institución emblemática”.
Refirió que la intervención no implica que el Estado esté comprando la empresa, sino que designará un administrador provisorio, a través de un arbitraje puede durar, a fin de encaminar a la acería.