En declaraciones a un grupo de periodistas frente al Departamento de Justicia en Washington, Martínez insistió en su petición para que el Gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, analice el estado actual de la política antidrogas y tome las medidas necesarias ante el crecimiento “inusitado” de los cultivos ilícitos.
“Le he participado al señor presidente de mis profundas preocupaciones acerca de lo que puede significar el narcotráfico y que constituye una verdadera amenaza para la paz, porque ese es el combustible de la guerra y del conflicto”, resaltó Martínez, que asumió el cargo el 1 de agosto.
En ese sentido, el fiscal expresó su temor a que otros grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se hagan con los cultivos ilícitos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) una vez que esa guerrilla se desmovilice como parte de los acuerdos de paz.
Recientemente, el jefe de la Fiscalía de Colombia, un órgano independiente del Gobierno, le pidió en una carta al ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, reactivar la aspersión aérea.
En su misiva, fechada el 2 de septiembre, Martínez le pidió al ministro de Justicia “evaluar la política vigente de erradicación de cultivos ilícitos, examinar la marcha de los acuerdos con las comunidades y considerar explícitamente la conveniencia de reanudar la aspersión aérea”.
La solicitud de Martínez se produce un año después del fin oficial de las aspersiones con glifosato, un herbicida usado para combatir las plantaciones ilícitas de coca y amapola que era arrastrado por el viento, contaminando cultivos legales y fuentes de agua, lo que incluso fue motivo de un litigio con el vecino Ecuador.
Al ser preguntado por si propone recuperar la fumigación con ese herbicida, Martínez aclaró hoy que él “nunca ha hablado del glifosato”.
“Hay otra molécula que ha venido trabajando la policía nacional que corresponde a una opción que no hace daño humano y que adicionalmente permitiría, sobre la base de su comercialización, que se pueda utilizar”, explicó el fiscal general.
En mayo de 2015, el Consejo Nacional de Estupefacientes ordenó la suspensión del uso del glifosato, cumpliendo con una orden de la Corte Constitucional de Colombia de detener el uso del herbicida ante la posibilidad de que pueda causar graves daños a la salud y ser potencialmente cancerígeno, como denunció la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Tras la suspensión del uso del glifosato, el Ejecutivo colombiano delineó un nuevo plan de lucha contra los cultivos ilícitos, que incluía la erradicación manual de la coca y la amapola.
“Hay una demanda de narcóticos en el mundo que está creciendo y las formas de erradicación manual que tenemos en el país son un fracaso estruendoso”, consideró hoy Martínez.
“Si fracasó esa política (de erradicación manual) tenemos que buscar alternativas, pero lo que no nos permitiría el país ni la comunidad internacional es quedarnos de brazos cruzados”, añadió.
Por ello, Martínez pidió que se convoque una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), entidad competente en la materia.
El glifosato ha sido durante casi 30 años una herramienta del Gobierno colombiano para fumigar los cultivos ilícitos como parte de una estrategia contra las drogas impulsada por Estados Unidos, que proporcionó durante 15 años ayuda al país latinoamericano a través del “Plan Colombia”, reformulado ahora como plan “Paz Colombia”.
