El caso más antiguo, que ya ha superado todos los récords históricos de personas secuestradas en la historia del país, es el del policía Edelio Morínigo, quien fue capturado por miembros del EPP durante una expedición de cacería en la zona de Arroyito, el 5 de julio del 2014. En la fecha Edelio cumple 2.269 días en cautiverio.
A pesar de que sus familiares han recibido informes extraoficiales de que el mismo ya no se encontraría con vida, no existe ninguna confirmación al respecto, ni sus familiares tienen datos del sitio en el que se encontrarían enterrados sus restos.
En el caso de Edelio, al igual que lo ocurrido con Óscar Denis, el EPP no pidió rescate para su liberación, sino planteó un supuesto canje de prisioneros.
En un comunicado dado a conocer el 29 de setiembre de 2014, estableció que el Gobierno tenía un plazo de ocho días para que liberen a media docena de prisioneros pertenecientes al grupo armado; en caso contrario, también amenazó con ejecutar al prisionero. El plazo vencía el 14 de octubre de 2014. El Gobierno del entonces presidente Horacio Cartes no accedió a las demandas.
El otro caso pendiente es el del ganadero Félix Urbieta, cuyo secuestro se atribuye al Ejército Mariscal López, una célula supuestamente desprendida del EPP, dirigida por Alejandro Ramos, un antiguo miembro del grupo criminal.
Urbieta fue llevado el 12 de octubre del 2016 por hombres armados de su estancia Dos Hermanas, ubicada en la ciudad de Belén, Departamento de Concepción. Recientemente se conoció el desgarrador testimonio de su hija Liliana, relatando entre sollozos que no pudieron reunir en su momento el dinero para pagar el rescate exigido por los delincuentes. Desde entonces no se tienen noticias acerca de don Félix, quien tenía ya una avanzada edad cuando fue secuestrado y con problemas de salud. Hoy se cumplen 1.438 días desde su secuestro.
Aunque el caso Denis genera mayor impacto en lo político y por tanto convoca a una reacción prioritaria desde los órganos del Estado y las fuerzas de seguridad, desde la perspectiva humana los tres casos tienen la misma importancia.
Las familias de los dos primeros secuestrados merecen que el EPP restablezca una comunicación y haga saber qué pasó con ellos, como igualmente merecen que el Gobierno redoble los esfuerzos por ubicarlos, tal como se ha respondido ante el secuestro de Denis.
De lo contrario, el EPP caería en el mismo siniestro delito de terrorismo estatal de las dictaduras militares latinoamericanas –a las que dice combatir– de hacer desaparecer a las personas.