Tras varias denuncias de supuestos hechos de malversación de fondos y manoseos políticos en la Junta de Saneamiento de la citada localidad, el Poder Ejecutivo dispuso por decreto la anexión del área de prestación a la Empresa Paraguaya de Servicios Sanitarios del Paraguay Sociedad Anónima (Essap SA).
Este hecho generó disconformidad por parte de un sector de usuarios y ex miembros de la comisión de la Junta, ya que aseguran que todo el establecimiento fue construido gracias al sacrificio de la comunidad sin la ayuda del Gobierno. Consideran que se realizó una confiscación quedándose el Estado con la utilidad de 35.000 millones.
Por su parte, la titular del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan), Cristina Muñoz, refirió que es el sexto sistema, aproximadamente, que está siendo anexado a otro, en este caso a Essap, para su administración.
“Cuando el entorno de un sistema afecta la calidad del servicio por los conflictos en el vecindario y a nivel judicial, el Estado puede tomar decisiones, según la Constitución, porque es dueño de los bienes líquidos o que están en el país. No se cobra a las entidades sean públicas o privadas por la materia prima, ellas procesan y distribuyen; la tarifa se realiza para operación y mantenimiento del servicio”, refirió. Aclaró que si bien se encuentra cuestionada judicialmente es una decisión tomada.
En tanto Osmar Ludovico Sarubbi, titular de la Essap, indicó que no se trata de una apropiación, ya que se confisca cuando se interrumpe el contrato, que en este caso no existe, por lo que el Estado puede tomar la decisión independientemente de quiénes hayan construido.
“En cuanto a las utilidades, se realiza una auditoría, para ello el corte administrativo y si existe algún activo, eso será del Estado porque el usuario paga por el servicio. Esta comisión no presentó balance, sistema de facturación y cuenta hasta el momento”, señaló.