Ayer, el presidente Mario Abdo Benítez y el titular del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Édgar Olmedo, encabezaron un acto en el Palacio de Gobierno, donde se procedió a la entrega de certificados de ocupación de inmuebles a comunidades indígenas y pagos de sentencias internacionales por parte del Gobierno.
Olmedo precisó que tuvieron que pasar 14 años para que el Estado paraguayo cumpla con la obligación de honrar el pago de la sentencia establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Debíamos resarcir los daños a cuatro comunidades de la Región Occidental y hoy estamos cumpliendo el último pago de esa sentencia. Y hoy el Estado ha saldado esa deuda histórica”, significó Olmedo durante la ceremonia que hubo en el Salón Independencia. El titular del Indi precisó que el monto de la cancelación corresponde a G. 2.192 millones.
El Gobierno entregó cinco certificados de ocupación de inmuebles a las comunidades indígenas Yryvaya, Arapyahu, 1º de Marzo, Isla Porã, Cerrito Amaquera, así como el último pago de las sentencias internacionales a Yakye Axa, Sawhoyamaxa, Xamok Kasek y Kelyenmagatema.
La sentencia internacional exige la devolución de 10.700 hectáreas de tierras reivindicadas por una de las comunidades indígenas Xamok Kasek.
La CIDH ordenó proteger las tierras reclamadas por las comunidades y evitar la deforestación.
El reclamo que hacen las comunidades indígenas de sus tierras ancestrales data de 1990. Luego de 20 años de lucha y sin respuestas por parte de las autoridades de turno, tuvieron que acudir al organismo internacional donde finalmente consiguieron la sentencia a favor del reclamo de sus tierras.
RESPUESTA OFICIAL. El titular del Indi sostuvo que los pueblos indígenas mantienen una estrecha relación con la tierra, pues se le reconoce como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica.
“Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción, sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras, tal como señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, significó.
PRESUPUESTO. Olmedo explicó que anteriormente se contaba con 10 veces más de recursos económicos para atender el reclamo de tierras por parte de las comunidades indígenas. Sin embargo, estos fondos se fueron perdiendo paulatinamente ante el desinterés de los gobiernos de turno y se fue reduciendo considerablemente. “Pero no existía voluntad política. Cuando no fue ejecutado se fue disminuyendo a tal punto que solamente contaban con G. 5.000 millones de presupuesto”, significó. Dijo que el Estado debe aplicar los procesos para el reconocimiento y la adjudicación de los derechos de los indígenas.
G. 2.192
millones es parte de la cancelación de la deuda que tiene el Estado mediante la sentencia internacional.