El Poder Ejecutivo dejó sin efecto, mediante el Decreto 1368, los aumentazos concedidos a un selecto grupo de funcionarios públicos sin concurso. Ya en horas de la mañana el ministro de Hacienda, Benigno López, tras reunirse en Palacio de López con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, había adelantado la determinación.
El jefe del Equipo Económico Nacional (EEN) explicó que las entidades cuyos funcionarios se beneficiaron con los reajustes deberán proceder al pago de los salarios conforme al anexo de personal 2018, hasta tanto se creen vacancias y sean ocupadas tras concursos.
La normativa presidencial promulgada ayer contiene un instructivo con los detalles para la liquidación de sueldos. En la misma se da la potestad a Hacienda para hacer las correcciones.
El ministro de Hacienda resaltó que encontraron situaciones que no pueden resolverse vía decreto, por lo que se enviarán proyectos de ley al Congreso, aunque no precisó mayores datos al respecto.
El titular del Fisco pidió disculpas a la gente por el “bochornoso” trato que se le dio al estudio y ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN), y advirtió a los demás secretarios de Estado que el primer mandatario no permitirá que se repitan los pedidos de aumentos a espaldas de Hacienda.
“Para el Ejecutivo es un caso que ya queremos dar vuelta la página, no sin antes como responsable del Ejecutivo y de la elaboración del PGN pedir disculpas a todos por este bochorno que ocurrió con respecto a cómo se manejó el instrumento más importante del Paraguay. Creo que el presidente no va a aceptar un segundo comportamiento como este”, expresó Benigno.
Los casos. Tras los pagos realizados en enero, Hacienda detectó que un importante grupo de funcionarios públicos fueron beneficiados con aumentos salariales sin su aval técnico y sin haber pasado por procesos de concurso.
El primer caso en salir a luz fue el del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), cuyos funcionarios se manifestaron en protesta por las subas selectivas.
Tras esto, empezaron a conocerse más casos y en total, según el informe del Tesoro, recibieron reajustes unos 2.123 empleados estatales pertenecientes a unas 35 instituciones.
En principio, estos aumentos fueron duramente cuestionados por Hacienda, que luego intentó blanquear los mismos tras sucesivas reuniones con autoridades del Gobierno y de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso.
Presionado por las críticas, finalmente la cartera fiscal suspendió los pagos a los beneficiados por los aumentazos y emplazó a las instituciones a presentar los documentos que avalen los incrementos.