Hay cuestiones que tendrían que prohibirse directamente a los partidos políticos, como el contratar publicidad, suponiendo que el dinero narco se gaste en este rubro.
Sin embargo, para esto se necesita un consenso político. Antes hará falta investigar por dónde entra ese dinero a la política, particularmente a las campañas electorales. Tener identificados cuáles son los caminos y luego ver las soluciones, “que serán siempre paliativas, porque en este tema siempre vamos a ir detrás de la inventiva del dinero ilegal, del dinero narco”, admite.
Además, se necesita la concurrencia de varios actores institucionales que trabajan de forma articulada. Hay que pensar ese sistema con las otras instituciones y tienen que preverse fondos y competencias. “La clave fundamental de este tema son los castigos. Si no se tiene posibilidad de sancionar no cambiaremos nada”, advierte.
Se necesita de un consenso político que necesariamente pasa por el Partido Colorado, que es la organización actualmente penetrada por este tema, como es lógico, porque es el más poderoso y está en el poder”.
Pero también debe lograrse el compromiso del Partido Liberal, que es el más antiguo y grande de la oposición, puesto que el narcotráfico ya penetró todos los estamentos del Estado. Será insuficiente ajustar la Ley de Financiamiento Político, hay que revisar todo el sistema electoral, porque el narcotráfico ya no respeta nada y está causando estragos.
Del sistema electoral debe revisarse la cuestión del voto preferente, que es un estímulo extraordinario para las campañas individuales, pero torna complejo controlar eso. También examinar los requisitos para los candidatos.
“Debemos ir pensando en soluciones creativas y comparadas para limitar el ingreso de candidatos de origen dudoso”, aclara.
En síntesis, hay que mirar todo, incluyendo el transporte en el día de las elecciones. “Tenemos que trabajar desde una mirada integral, puesto que el dinero del crimen organizado está metido no solo en la política, sino en la ganadería, las cooperativas, la religión, gremios empresariales, negocios. Es un fenómeno institucionalizado en términos sociológicos. Ha penetrado en la sociedad”, precisó.
En la municipales, por ejemplo, hubo voto asistido, credenciales falsas, propaganda electoral, etc. Por eso, insiste, el problema es mucho más grave que una simple ley.
La tormenta de escándalos a partir de los operativos antidrogas que desmantelaron toda una red de supuestos empresarios que hacían fortuna con dinero del narcotráfico y quienes también tenían vínculos con políticos y autoridades del Gobierno, activaron la necesidad de analizar cómo afecta esta realidad al sistema electoral y a la democracia paraguaya.
La presencia de dinero sucio en las campañas políticas y la influencia de los grupos criminales en las instituciones del Estado representan un peligro para el país, afirma Marta Ferrara, quien cuestiona la nula efectividad del control al financiamiento político.
“Tenemos una Ley de Financiamiento Político que incluyó a las internas en el supuesto control, pero son los mismos tribunales electorales de los partidos los que van a juzgar y las multas alcanzan unos G. 25 millones si uno viola la ley, y le pasa al partido ese dinero”, resalta como uno de los despropósitos de la ley.
Debemos ir pensando en soluciones creativas y comparadas para limitar el ingreso de candidatos de origen dudoso.
Tenemos que trabajar desde una mirada integral, puesto que el dinero del crimen organizado está metido no solo en la política.
Letra muerta
Pese a sufrir varias modificaciones, la Ley de Financiamiento Político sigue siendo vulnerada por los diversos candidatos y agrupaciones políticas que se presentan en cada elección en el país, ya que el órgano de control, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), no lleva adelante ningún tipo de monitoreo sobre la veracidad de los montos rendidos. Esto se pudo constatar en las pasadas elecciones municipales.