María del Pilar Callizo
En clara alusión a este informe pueden fácilmente citarse situaciones muy recientes que confirman plenamente la forma en que está siendo direccionado nuestro país: suscripción de acuerdos sobre reajuste salarial del 15% para todos los funcionarios públicos; subsidio al combustible; proyectos de ley que buscan reducir o limitar las tasas impositivas, como el régimen de exportación para las ciudades de frontera, la eliminación de los impuestos selectivos a los combustibles, la deducibilidad del IVA para ciertos bienes y servicios y la eliminación del IVA de la canasta básica, etc., todas consideradas como propuestas favorables a la ciudadanía o a determinados sectores, pero que en un análisis más profundo y a futuro repercutirán en la economía de todos los habitantes del país.
En el caso del proyecto de ley: “Que crea el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles derivados del petróleo y establece medidas transitorias de contingencia para la importación del Diésel/Gasoil Tipo III/Tipo C y de la Nafta Virgen, para todas las empresas importadoras de combustibles”, se estaría endeudando al país con un préstamos de USD 100 millones a través de la Corporación Andina de Fomento (CAF), para subsidiar combustible por un plazo inicial de tres meses que puede ser ampliado o reducido.
Llama la atención el hecho de que esta propuesta de ley aprobada por la Cámara de Senadores cuente con el visto bueno de los honorables solo dos semanas después de que los mismos hayan rechazado un proyecto similar, tal vez por la falta de regulación adecuada del proyecto de ley o de algún incentivo como ya nos tienen acostumbrados nuestros legisladores ante cada proyecto, donde literalmente cada voto vale “oro”.
Con el mismo amague fueron sorprendidos los funcionarios del sector público quienes en el mes de marzo se ilusionaban con la firma del primer acuerdo sobre; reajuste salarial del 15% para todos los funcionarios públicos, desprecarización de funcionarios contratados, modificación del horario laboral, reposición de los beneficios adquiridos por cada institución para sus funcionarios entre otros puntos, suscrito por el propio vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, solo para que en el mes de abril este terminara confirmando que en realidad no corresponde este aumento y que el acuerdo suscrito únicamente tenía efectos de compromiso a consultar ante el Ministerio de Hacienda sobre la posibilidad del incremento salarial para este sector.
Ante todos estos escenarios, resulta difícil determinar si se trata de una especie de sondeo del sector político para testear el ambiente y asegurar algunos votos con esta medidas o si realmente existe un total desinterés de nuestros “representantes” por el futuro del país, que en ambos casos resulta alarmante.