19 feb. 2025

El desafío del pago de la deuda

La deuda pública continúa creciendo de manera más rápida de lo que es posible pagar, por ello una parte importante de los nuevos compromisos derivan de la necesidad de hacer frente a los anteriores. A través de un documento, el Ministerio de Hacienda informó recientemente que el pasivo estatal alcanzó así el 37% del producto interno bruto (PIB), cada vez más lejos del 30% que era recomendado como prudente. A este monto se debe agregar la deuda con proveedores –vialeras, farmacéuticas, transportistas, entre otros–, cuyo monto no se conoce ni si existen otros sectores a los que se les debe.

La deuda pública sigue por la senda del crecimiento y ya llegó a los USD 15.235,7 millones al cierre del primer bimestre del año, según el informe publicado por el Ministerio de Hacienda.

El documento –divulgado por la cartera fiscal– da cuenta de que los bonos son el principal instrumento que usa el Estado para tomar endeudamiento, con una participación del 49,6%. En segundo lugar están los préstamos con organismos financieros internacionales, con el 46,9%; y finalmente los proyectos realizados bajo llave en mano, con el 3,4%.

Los organismos multilaterales se mantienen como los principales acreedores. Encabeza este listado el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al que nuestro país adeuda USD 3.182,1 millones. Lo sigue el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), con USD 2.124,8 millones; y cierra el top 3 el Grupo Banco Mundial, con USD 1.124,8 millones.

El endeudamiento en bonos tiene varias desventajas frente a los préstamos de organismos internacionales. En primer lugar son más caros; en segundo lugar son de libre disponibilidad, lo que resta transparencia y permite una mayor discrecionalidad en el uso de los recursos y, finalmente, los conflictos se dirimen en juzgados fuera del país.

El acelerado crecimiento que viene registrando la deuda pública desde hace años es cuestionado por analistas del sector privado y organismos internacionales, quienes sostienen que se debe ir bajando el ritmo de endeudamiento.

En los últimos años no solo hay fuertes críticas al monto, sino también a la asignación de los recursos. De manera persistente se observan obras de baja calidad o de dudosa necesidad, sobrecostos, tráfico de influencia y otras formas de corrupción sin que las autoridades fiscales o las que llevan a cabo las obras y los servicios financiados con deuda realicen los cambios necesarios para frenar la mala gestión.

El endeudamiento tendrá un alto costo intergeneracional, ya que hasta ahora no se ven mejoras que permitan que las actuales generaciones aumenten sus capacidades para que en el futuro puedan pagar los compromisos asumidos en esta década.

En parte, se supone que los retornos de las obras construidas ya deberían estar dando sus frutos en materia de productividad y competitividad; sin embargo, ni siquiera fue posible mantener niveles de crecimiento estables e incluso un repunte de los indicadores laborales.

Con la deuda se priorizaron obras con la justificación del retorno económico, olvidando que hay importantes brechas en capital humano y que este incluso tiene un mayor retorno que la inversión física.

Sobre las personas recaerá el compromiso del repago de la deuda; por lo tanto, es necesario que el país tome conciencia de que si la condición de las personas no mejora, no será posible aspirar a un país mejor. Los altos niveles de endeudamiento deberían haber generado mayores capacidades productivas con el objetivo de garantizar su repago. Así como están las cosas, las nuevas generaciones deberán hacerse cargo sin contar con las competencias ni los medios necesarios. Es urgente que se revise no solo la sostenibilidad de la deuda, sino también las consecuencias en la vida de las personas, a fin de vencer la inercia en la que estamos.