La causa principal por la que el Estado asigna tan pocos fondos al gasto social –los destinados a educación, salud, vivienda y otros rubros que atañen al bienestar ciudadano– es que la mayor parte de las recaudaciones del Ministerio de Hacienda en concepto de impuesto va a parar a salarios de empleados públicos.
Es un hecho sabido que todos los indicadores –económicos, sociales y, particularmente, de infraestructura en nuestro país– llevan un pronunciado retraso, si se los compara con el promedio en la región. Nuestro déficit en cuanto a inversión pública es gigante.
Desde 1989, tras el golpe de Estado que derrocó al dictador Alfredo Stroessner, la cantidad de funcionarios de las instituciones públicas ha ido en constante aumento en tanto que su calidad, en contrapartida, ha ido decreciendo debido al clientelismo político. Si hace tres décadas, había 150.000 asalariados estatales, hoy esa cifra se ha duplicado sin que le rinda ningún provecho a la República.
Uno de los sectores sociales donde el impacto de la carencia de recursos económicos es más grave es el de la salud pública. A diario se está informando acerca de los reclamos de la gente por el pésimo servicio de los centros de atención que dependen del Ministerio de Salud Pública.
Entre los males que a diario se ventilan se encuentran la falta de medicamentos, la escasez de médicos, los horarios restringidos, la carencia de insumos hospitalarios para cirugías, la no existencia de terapia intensiva en numerosos lugares del país, la no disponibilidad de camas para internaciones y otros problemas que hablan de un servicio que se presta de manera elemental, sin la calidad necesaria.
Las Unidades de Salud Familiar (USF), que tendrían que haber sido fortalecidas para la atención primaria son una decepción para los pacientes que acuden a ellas sin encontrar a médicos especialistas que les atiendan, servicios de apoyo para diagnósticos certeros, medicamentos básicos y esperanzas de pronta recuperación sin necesidad de salir de sus comunidades.
Según los cálculos existentes, el Estado asigna al área de salud entre 235 y 400 dólares –entre 1.600.000 y 2.400.000 guaraníes– por año por habitante. Ello implica un desembolso que va entre los 20 y los 33 dólares mensuales por persona. A todas luces, esas cantidades son insuficientes para ofrecer a los sectores más carenciados un servicio digno.
Esta realidad acuciante es un llamado de atención a la clase política que gobierna la República. Es necesario que con urgencia tomen la decisión de achicar el Estado dejando de lado a los zánganos de la Administración Pública y operando únicamente con el personal estrictamente imprescindible en todos los sectores. A ello le tiene que acompañar un severo plan de austeridad que evite el despilfarro en combustibles, viáticos, viajes innecesarios y otros rubros.
La salud es un derecho ciudadano y un bien social tan valioso que requiere de asignaciones presupuestarias acordes con las necesidades. El actual estado de abandono de la salud pública no puede continuar. Urge, por lo tanto, la adopción de medidas que pongan en marcha un plan para que en corto tiempo empiecen a superarse los obstáculos que hoy existen.
