Editorial

El control en rutas debe ser para educar y no para coimear

Los cambios que se están introduciendo a la Ley N° 5016/2014, Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, deben llevar a mejorar la educación de los conductores y no solamente a imponer medidas más severas, que sirven principalmente para alimentar los esquemas de corrupción. El Estado debe garantizar controles eficientes, que sirvan realmente para reducir la ola de accidentes automovilísticos que se ha desatado nuevamente en esta etapa de liberalizaciones de la pandemia, y no seguir permitiendo que los “zorros” salgan de cacería, buscando coimear con el padrinazgo de poderosos políticos. Es hora de implementar una verdadera política de educación en las rutas y no seguir incentivando los sistemas de “apriete” a automovilistas incautos, que no solucionan la problemática.

Una especie de juego de ping pong, de tira y afloja, está sufriendo nuevamente el proyecto de ley “Que modifica los artículos 113 y 153 de la Ley N° 5016/2014, Nacional de Tránsito y Seguridad Vial”, que se trata en las cámaras del Parlamento.

La Cámara de Diputados acaba de aprobar, parcialmente, los cambios sugeridos por Senadores en el proyecto de ley, que busca establecer castigos más severos a quienes manejen tras haber ingerido bebidas alcohólicas, convirtiendo el hecho en “faltas gravísimas”.

El Senado había planteado bajar los parámetros del índice de alcoholemia en la sangre, endureciendo las sanciones, pero al mismo tiempo propuso eliminar las barreras de control que establecen los policías en las rutas, así como las pruebas de alcotest, salvo que se aplique a hechos de probada flagrancia. Esta modificación fue nuevamente eliminada en la última intervención por los diputados y el proyecto vuelve con dichos cambios al Senado.

El texto aprobado por los diputados considera la conducción en estado de intoxicación alcohólica, desde 0.251 mg/l a 0.399 mg/l CAAL (miligramo de alcohol por litro de aire exhalado) o desde 0.501 g/l a 0.799 g/l de CAS (gramo de alcohol por litro de sangre), así como la constatación laboratorial de intoxicación por consumo de estupefacientes u otras sustancias sicoactivas que alteren las condiciones sicofísicas normales requeridas para conducir. Si se supera este límite, según esta modificación, los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público para la persecución penal y aplicación de la pena conforme a lo establecido en el Código Penal.

En teoría, la intención es buena, pero en la realidad la aplicación de una ley más severa en rutas solo sirve para que los miembros de cuerpos de seguridad puedan extorsionar aún más a los automovilistas y sacarles más dinero, que generalmente va a los bolsillos de los policías y de sus padrinos políticos, y no a las arcas del Fisco.

Numerosas y continuas denuncias demuestran que los esquemas de corrupción siguen plenamente vigentes, tanto por parte de la Patrulla Caminera, como de los agentes de tránsito de los diversos municipios. Entre las víctimas preferidas se encuentran los turistas y extranjeros que ingresan al país, quienes se llevan una pésima imagen de la corrupción e impunidad imperantes, prometiendo en la mayoría de los casos no volver a pisar nuestra nación, pero esta lamentable “carta de presentación” parece importar poco a las autoridades, que casi nada hacen por cambiar la situación.

El Estado debe garantizar controles eficientes, que sirvan realmente para reducir la ola de accidentes automovilísticos que se ha desatado nuevamente en esta etapa de liberalizaciones de la pandemia, y no seguir permitiendo que los “zorros” salgan de cacería, buscando coimear con el padrinazgo de poderosos políticos. Es hora de implementar una verdadera política de educación en las rutas y no seguir incentivando los sistemas de “apriete” a automovilistas incautos, que no solucionan la problemática. En ese sentido, las penas más severas introducidas a la ley, lejos de ayudar, agravan la situación.

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