En una dudosa maniobra que se repite cada año sin ninguna oposición, Diputados incluyó y dio media sanción a un apartado dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023 que los exime de las obligaciones legales para reajustar salarios a su plantel.
Mediante el artículo 62 del proyecto de ley, el Parlamento está excluido de cumplir con la Ley de la Función Pública, normativa que establece que el concurso es la única vía para las promociones de cargo, los contratos y los nombramientos.
Por si esto fuera poco, los legisladores también se autoexoneraron de cumplir con la Ley de Racionalización del Gasto, con lo que podrán contratar a sus hermanos, primos y otros parientes en puestos claves.
Estos mismos beneficios fueron aprobados para la Corte Suprema de Justicia y los organismos auxiliares de la Justicia, como la Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y el Ministerio de la Defensa Pública, entre otros.
El Ministerio de Hacienda expresó su preocupación por esta situación, lo que podría generar un desborde en el gasto salarial. De hecho, en la media sanción de Diputados, se aprobó la creación de 60 cargos en el TSJE, 96 en Diputados, 130 en la Fiscalía y 348 en la Corte, los que podrán ser ocupados sin la necesidad del concurso público.
La cartera que administra el Tesoro Nacional, en medio de elecciones generales en abril, adelantó que pedirá al Senado que revierta lo aprobado en Cámara Baja. De lo contrario, evalúa opciones administrativas para contener la transferencia de recursos.
FESTÍN. En su sesión del jueves pasado, Diputados, en general, dio luz verde al dictamen elaborado por la Comisión Bicameral de Presupuesto (ver la infografía).
Esto implica que se mantuvo en 2,3% del PIB el tope del déficit, con lo que el plan de gastos público quedó con un monto global de G. 105,2 billones (USD 14.835 millones).
Los legisladores, sin embargo, inflaron la estimación de ingresos tributarios en más de G. 100.000 millones para, principalmente, seguir inflando el gasto salarial. Esto, según Hacienda, genera en realidad un desfinanciamiento del PGN, ya que no hay certeza de que esos recursos adicionales ingresen al Fisco.
Además de la creación de 1.348 cargos y los reajustes para el personal del Congreso, Registro Civil, Ministerio de la Defensa Pública y la UNA, como recomendó la Bicameral, la Cámara Baja otorgó su aval para aumentos a guardaparques, enfermeros y funcionarios administrativos y docentes de las universidades públicas, así escalafonamientos para los trabajadores sociales del Hospital de Clínicas.
A esto se suman los incrementos en las bonificaciones por insalubridad para personal de blanco del Hospital Nacional de Itauguá, Hospital de Trauma y Hospital Neurosiquiátrico; y subas en los gastos de representación para 425 directores de instituciones educativas oficiales.
Hacienda inicia lobby en Senado
Tras la media sanción aprobada en Diputados, el proyecto de ley que establece el PGN para el 2023 pasó para su estudio al Senado.
La Cámara Alta tiene tiempo hasta fin de mes para analizar el documento, pudiendo confirmar la versión de la Cámara Baja o introducir modificaciones a la misma. En este último caso, el PGN vuelve a Diputados para su ratificación o aceptación de la versión Senado.
El Ministerio de Hacienda anunció que desde hoy arrancará un intenso lobby en Senadores en busca de revertir algunos cambios hechos por Diputados al proyecto inicial remitido por el Ejecutivo.
El jefe del Fisco, Óscar Llamosas, dijo que son dos las cosas que más preocupan a la cartera. Por un lado, señaló que buscarán que se rechace el aumento en la estimación de ingresos tributarios, por más de G. 100.000 millones, de modo a no generar un desfinanciamiento de programas o planes públicos.
Asimismo, pedirán a los parlamentarios dejar sin efecto la creación de los 1.348 cargos y los incrementos generalizados a funcionarios de diversas instituciones.
