La decisión de inmediato causó el rechazo en el gobierno y en los diputados afines al régimen que cuestionan la medida y creen que con ella se pone en vilo el funcionamiento democrático de todas las instituciones del Estado.
''No hay forma de encontrar una salida por la vía del diálogo y cada día se empantana más el avance a la búsqueda de una solución’’, dijo Cevallos en una rueda de prensa.
Explicó que desde hace un mes se ha visto obligado a suspender las sesiones ordinarias del Parlamento a raíz de una pugna entre el Congreso y el Tribunal Supremo Electoral, que Cevallos calificó como ''una emergencia jurídica-política’’.
Luego de un intento del Congreso por sustituir al presidente de la corte electoral, este organismo destituyó a 57 de los 100 diputados del Congreso unicameral por obstaculizar una consulta popular, fijada para el 15 de abril, en la que los ecuatorianos deben aprobar o rechazar la instalación de una asamblea constituyente, promovida por el gobierno de Rafael Correa.
''El escenario no ha variado, yo me atrevo a decir que ha empeorado’’, dijo Cevallos, justificando su decisión de suspender las sesiones de esta semana. Convocó a una nueva reunión para el 10 de abril.
Explicó que redoblará sus esfuerzos para encontrar una salida que permita al Congreso reunirse el próximo martes.
Cevallos aclaró que ''no se trata de ningún receso legislativo, como no se trata de entorpecer un proceso electoral de la consulta popular que está en la recta final’’.
Reveló que analizó la posibilidad de una renuncia al creer que podría viabilizar una salida pero decidió no hacerlo porque tampoco vio en esa posibilidad una alternativa de solución.
Militante de un partido opositor, en primera instancia Cevallos aceptó la destitución de los legisladores también opositores, y dio paso a que los diputados alternos asuman sus funciones, lo cual fue aplaudido por el gobierno.
Pero días después acató el fallo de un juez de Guayaquil restituyendo a los destituidos a sus funciones, con lo cual generó un nuevo episodio de inestabilidad.
El Tribunal Electoral sostiene que la destitución de los 57 legisladores está vigente.
El ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, al ser consultado más temprano sobre la posibilidad de que Cevallos suspenda las sesiones del Congreso dijo que ''esto que hace (Cevallos) es desinstitucionalizar al país, que el país debe funcionar y que el Parlamento debe funcionar’’ por lo que insistió en que se debía convocar las sesiones del Congreso.
A la sesión asistieron los diputados que no fueron destituidos y los alternos que reemplazaron a los congresistas cesados.
El diputado Homero López denunció que había el suficiente quórum para sesionar y acusó a Cevallos de alinearse con los partidos opositores, mientras que su colega Wilma Andrade consideró que esa es ''una acción más para debilitar la institucionalidad del Congreso’’.
Algunos legisladores creen que el Tribunal Constitucional debería dirimir en el asunto. Ese organismo es la máxima instancia que avala la legalidad de resoluciones jurídicas y que aún no se pronuncia. - (AP)