Un Censo Nacional de Población es básicamente un instrumento que provee información de calidad sobre la población, la que a su vez permite, a quienes gobiernan, formular las tan necesarias políticas públicas. En el Paraguay, mañana miércoles 9 de noviembre, se espera poder censar con éxito a más de siete millones de personas.
Para poder formular planes se deben poseer inicialmente datos. La herramienta Censo permite saber, por ejemplo, que Paraguay en los últimos 50 años prácticamente cuadruplicó su población; en 1950 contaba con 1.328.452 habitantes y, según el Censo Nacional de Población y Viviendas del 2002 —hace ya veinte años—, contaba con una población de 5.163.198 personas.
Hace veinte años, la población del país ya era mayoritariamente urbana, con 56,7% de concentración poblacional frente a un 43,3% de población rural; este aumento ya se había visibilizado en el Censo de 1992, cuando la población que habitaba las ciudades apenas sobrepasaba a la del campo. Sin embargo, hace 72 años la población rural alcanzaba el 65,4% y la urbana, 34,6%.
Saber dónde reside mayoritariamente la población es al mismo tiempo una información de gran relevancia para planificar los servicios que deben ser proveídos a los ciudadanos, servicios la mayoría de los cuales son, de hecho, derechos constitucionales, tales como el acceso a la educación, la vivienda y la salud.
Exactamente, como afirma el artículo 6, de la calidad de vida: “La calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que reconozcan factores condicionantes, tales como la extrema pobreza y los impedimentos de la discapacidad o de la edad. El Estado también fomentará la investigación de los factores de población y sus vínculos con el desarrollo económico social, con la preservación del medioambiente y con la calidad de vida de los habitantes”.
Es fundamental que quienes gobiernan sepan exactamente si la población es más urbana que rural; si la población continúa siendo mayoritariamente joven o aquel bono demográfico de que disfruta el país está siendo reemplazado por una población mayor. Esa información será determinante para asegurar que haya escuelas y colegios donde la población de niños y jóvenes reside, lo mismo que hospitales para asegurar el derecho a la salud.
Los datos serán determinantes para definir cómo se usará el dinero público; como es el caso de la distribución de royalties y compensaciones a los gobiernos departamentales y municipales y los derivados del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI).
El censo al mismo tiempo hará visibles poblaciones que tienen discapacidades, las afrodescendientes y los pueblos indígenas. Y no podemos soslayar una relevancia a nivel político, ya que los resultados del censo sobre la población total a nivel de los departamentos pueden tener implicancias en, por ejemplo, la distribución de las bancas de la Cámara de Diputados, dado que la Constitución Nacional establece un número mínimo de 80 diputados distribuidos por departamento según la cantidad de electores. Pero no es todo, pues tanto el sector público como el privado necesitan de los datos para proyectar sus negocios.
Esperamos que el Censo Nacional 2022 sea un éxito, y que permita obtener información rigurosa, de modo que las autoridades puedan conocer los datos necesarios. Y que se entienda que el Censo es, por sobre todo, un instrumento fundamental para el desarrollo.
