La labor de los bomberos es bastante ingrata. Primeramente, porque solo nos acordamos de ellos cuando tenemos problemas. El incendio que azotó al Parque Guasu Metropolitano fue una muestra de ello. En segundo lugar, los que combaten las llamas tienen que gastar de su propio bolsillo para poder prestar un servicio demasiado esencial y recurren a la colaboración de la gente en la vía pública, pues los recursos que acuerdan destinar el Ministerio de Hacienda y el Congreso Nacional no alcanzan para sostener las actividades en el año.
De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), los amarillos, el Tesoro les adeuda G. 2.000 millones desde el 2018 y la retención en la transferencia es fundamentada por la necesidad de controlar el uso del dinero. Nadie objeta que todos los fondos públicos deben ser fiscalizados, pero sí se cuestiona esa falta de gestión para con un sector que requiere respuestas inmediatas. De lo contrario, los resultados pueden ser fatales.
Por el otro lado, vemos rápidas diligencias para otorgar injustos privilegios en varias instituciones públicas. Por citar un ejemplo, la Cámara de Diputados pasó de gastar G. 20.000 millones anuales a G. 120.000 millones (USD 19 millones), solo en salarios, desde el 2008 al 2018. Por si fuera poco, salvo excepciones, los legisladores ni se sonrojaron al solicitar un nuevo incremento para el presupuesto 2019.
Hacienda informó que, para el ejercicio actual, se asignaron poco más de G. 10.562 millones para los bomberos. De esa cantidad, el CBVP debía recibir G. 5.791 millones. Por su parte, la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay (JNCBVP), los azules, tiene a su favor G. 4.771 millones. Sumados, los fondos apenas sobrepasan el millón y medio de dólares para los cuarteles de todo el país.
Según Ricardo, cada bombero tiene que gastar, como mínimo, USD 2.000 para comprar el equipo adecuado (jardinera, cotona, pantalón, casco, linterna, guantes, monja y botas) de manera a enfrentar los siniestros. No se trata de una inversión, pues ese dinero nunca se recupera, ya que obviamente no es la intención lucrar con el socorro. Por ende, pasa a ser realmente un aporte desinteresado del servidor, subvalorado la mayor parte del tiempo. Para colmo, hacen colaboraciones para reparar los vehículos.
Sin embargo, las instituciones están hechas de personas y estas pueden ser vulnerables a la corrupción. Es por eso que el joven Ricardo (usa este seudónimo para evitar represalias) no niega que algunas autoridades de su unidad recurrieron a prácticas ilícitas en el pasado y por consiguiente fueron sumariados.
perverso derroche. La falta de empatía con este sector, que proporciona un importante auxilio, golpea doblemente cuando constatamos la malversación del Fonacide, dinero supuestamente destinado para mejorar la educación paraguaya. En seis años se dilapidaron más de G. 16.000 millones, de los G. 2,9 billones que se entregaron en total a gobernaciones y municipios. Es decir, además de registrarse una pobre ejecución, se constató que una porción fue directamente al bolsillo de inescrupulosos, indicó la Contraloría. Otra importante cantidad de dinero duerme sin usarse ante tantas carencias, lo que denota negligencia.
Si bien estas dos realidades podrán ser distintas, comparten los mismos males de la administración pública paraguaya: la corrupción y la desidia. A más de ordenar sus prioridades, el Estado necesita combatir estos flagelos de una buena vez. De lo contrario, los lamentos siempre serán tardíos.
