Las estrategias de combate al lavado de dinero en el país fijaron su atención en las playas de autos. En el 2018, un total de 704 establecimientos dedicados a la importación, compra, venta y consignación de vehículos automotores recibieron apercibimientos por parte de la Secretaría de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
La titular de esta entidad, María Epifanía González, informó que el año pasado desarrollaron por primera vez los procesos de apercibimiento a los sujetos obligados inscriptos en este segmento y que la advertencia se debió a que no cumplieron con la presentación de la documentación requerida.
“Este proceso de apercibimientos para el mencionado sector se inició atendiendo principalmente que deben presentar semestralmente y trimestralmente reportes de cumplimiento a la Seprelad, y se había detectado una falencia de este sector en cuanto al cumplimiento en la remisión de los referidos reportes”, explicó.
Agregó que realizaron 1.350 requerimientos de documentación, en el marco de las actividades de supervisión extra situ, en cumplimiento a la Resolución N° 085/15. En la oportunidad, se pidió la constancia de remisión del Reporte de Operaciones y del Reporte Negativo.
La ministra advirtió que, en caso de reincidencia, los establecimientos sufrirán la desinscripción como sujeto obligado de la Seprelad, con lo cual dejarán de contar con el documento obligatorio para poder operar en el sistema financiero paraguayo (bancos, financieras, casas de cambios, etc.). Posteriormente, se prevé la aplicación de las sanciones previstas en el Artículo 24 de la referida ley, que van desde notas de apercibimientos, multas y hasta la suspensión temporal.
En cuanto a las acciones ejecutadas en los últimos cuatro años, detalló que se desembocó en 18 condenas por lavado de dinero, según datos suministrados por el Ministerio Público (ver infografía).
Para el 2019, anunció que intensificarán las medidas de prevención de financiamiento del terrorismo, pues admitió la escasez de conocimiento y experiencia sobre esta temática al interior de los sectores que deben reportar operaciones sospechosas a la Seprelad: instituciones financieras, cooperativas, casas de cambios, remesadoras, Ministerio Público, jueces, entre otros.
El objetivo es “brindar capacitación de las tipologías usadas para financiar terrorismo, mejores prácticas para prevenir, detectar, investigar y procesar aquellas personas individuales o jurídicas involucradas en dicho flagelo”, concluyó González.
