Notables politólogos de América Latina han venido sosteniendo que la construcción y la institucionalización de la democracia en la región dependen exclusivamente de una política de soberanía interna. Los hechos han testimoniado reiteradamente que para los poderes centrales solo importa el servilismo a sus intereses.
Un ejemplo oprobioso de que la dependencia externa contradice los principios y los valores democráticos es el régimen tiránico de Egipto. Si bien ya el gobierno de Sadat fue un aliado estratégico para la actual superpotencia militar durante la Guerra Fría, luego el régimen vitalicio de Mubarak convirtió a su país -una de las cunas de la civilización universal- en decisivo enclave de su política de dominación.
Para el supuesto equilibrio en el Medio Oriente, se reforzó a ese régimen militar y policialmente, aun cuando el reinado de la corrupción, del narcotráfico y del lavado de dinero crecía a un ritmo acelerado y solo superado por la despiadada expansión de la pobreza, la exclusión social y el terrorismo de Estado. Esta ominosa realidad no importaba, pues en ese territorio operaba la CIA y se torturaba a los enemigos hoy en guerra, al igual que se violaban los derechos humanos de los que se oponían al ya agónico totalitarismo sultanístico de Mubarak.
En nuestro continente pasamos por experiencias semejantes. Nosotros padecimos la dictadura de Stroessner, que acaso no fue menos cruel y a la vez abyecto y pusilánime. Y países con tradición democrática o emergente vieron interrumpidos su proceso con sangrientos golpes de Estado y dictaduras militares. Se aceptaba alguna pseudodemocracia tutelada, pero no se toleraba el pluralismo ideológico.
La gradual transición democrática avanza hacia su consolidación, en forma todavía heterogénea y vulnerable, razón por la cual se han establecido las respectivas cláusulas que defienden su estabilidad y promueven su institucionalización. Estas medidas se adoptan en el marco de la integración regional. La apelación a esas cláusulas democráticas responde a la necesidad de salvaguardar, en calidad de actores responsables, la autonomía política de nuestros países.
El Gobierno norteamericano le pide a Egipto una “transición ordenada”. Vale decir, controlada. La rebelión del pueblo y de sus intelectuales ya no tiene paciencia. Pero el superpoder teme un efecto dominó que lleve a la liberación de Irak y Afganistán, tras los sucesos de Túnez y Yemen. Nosotros, sin embargo, tenemos que apostar por la autodeterminación de los pueblos. Y aprender definitivamente la lección de que la democracia depende de los paraguayos.
Asegurarla es una lucha por nuestra libertad. Y por nuestro inalienable derecho a una sociedad más justa e igualitaria.