La Administración de Joe Biden había aliviado esas sanciones en octubre como gesto de buena voluntad y en un intento por incentivar que Maduro cumpliera la hoja de ruta para unas elecciones democráticas pactadas entre el chavismo y la oposición en los Acuerdos de Barbados.
La inhabilitación de la candidatura de María Corina Machado, quien arrasó en las primarias de la oposición, y el impedimento de las autoridades para registrar a su reemplazo, Corina Yoris, fueron la gota que colmó el vaso para Washington.
Sin embargo, según fuentes estadounidenses, la Administración de Biden no tira todavía la toalla y sigue dispuesta a intentar reconducir el proceso para que las presidenciales convocadas para el próximo 28 de julio tengan un mínimo de garantías democráticas.
El Departamento del Tesoro no renovó la Licencia General 44, que venció la pasada medianoche y que durante los últimos seis meses ha permitido las operaciones de empresas extranjeras en el sector del petróleo y el gas venezolano.
Las compañías tienen un plazo de 45 días, hasta el 31 de mayo, para cerrar de manera ordenada todas las actividades que tenían bajo esta normativa.
En su lugar, el Tesoro emitió la Licencia 44A, que obliga a las empresas extranjeras que quieran hacer negocios con la petrolera estatal Petróleos Venezolanos (PDVSA) a solicitar autorizaciones individuales que serán evaluadas caso por caso.
Washington podrá denegar estos permisos cuando considere que violan la seguridad nacional y los intereses de política exterior de Estados Unidos. Las restricciones en ningún caso afectan a las operaciones en Venezuela de la estadounidense Chevron, que tiene una licencia especial desde 2022, cuando la guerra de Ucrania perturbó el mercado global de crudo.
Durante los últimos seis meses, Caracas ha ampliado los acuerdos con empresas extranjeras y la producción petrolera se incrementó en el país en un 18% en el primer trimestre del año.
Nuevo capítulo. El fin del alivio supone un giro de la política de la Administración de Biden, quien había intentado desmarcarse de la estrategia de su antecesor, el republicano Donald Trump (2017-2021), de poner presión máxima sobre Venezuela para intentar derrocar a Maduro.
El regreso de las sanciones había generado debate dentro del Gobierno demócrata por la posibilidad de que provoquen un aumento de la migración hacia Estados Unidos y un alza de los precios de la gasolina, pero pesó más la opción de dar una respuesta contundente al mandatario venezolano.
Estados Unidos considera que el chavismo ha cumplido algunos compromisos electorales, como la actualización del registro de votantes o el aval a las misiones de observación electoral.
Washington y Caracas tuvieron además en diciembre pasado un intercambio de prisioneros que dejó libre a Alex Saab, presunto testaferro de Maduro. Pero la Justicia venezolana ha mantenido la inhabilitación que pesa sobre la opositora María Corina Machado y las autoridades impidieron el registro de su alternativa, Corina Yoris, lo que provocó incluso críticas de los gobiernos de Colombia y Brasil, aliados de Maduro con los que Washington ha tenido contactos cercanos.
