La FDA dijo que basó decisión en la evidencia emergente de que una dosis de refuerzo adicional, aplicada cuatro meses después de la última, mejoró la protección contra el Covid grave y no se asoció con nuevos problemas de seguridad. Además, las personas inmunocomprometidas que ya recibieron 4 inyecciones, con la última hace al menos cuatro meses, ahora son elegibles para una quinta dosis. Entre estas personas están quienes que recibieron trasplantes de órganos.
La vacuna de Pfizer estará disponible para personas inmunocomprometidas mayores de 12 años, mientras que la vacuna Moderna estará disponible para mayores de 18 años. “La evidencia actual sugiere cierta disminución de la protección con el tiempo contra los resultados graves de covid-19 en personas mayores e inmunodeprimidas”, dijo el científico principal de la FDA, Peter Marks, al explicar la decisión.
La FDA dijo que datos de Israel, donde se estudiaron los efectos de una cuarta dosis administrada cuatro meses después de la tercera en 700.000 personas, encontraron que una inyección adicional era segura.
También citó datos de un estudio de 154 trabajadores de la salud cuyos niveles de anticuerpos, incluso contra las variantes delta y ómicron, subieron dos semanas después de recibir la cuarta dosis. Un estudio publicado por investigadores israelíes en el New England Journal of Medicine este mes indicó que tres dosis de vacunas de ARN mensajero de la generación actual habían tocado techo en términos de la respuesta inmune generada. En otras palabras, mientras que tres dosis aumentan los niveles de inmunidad, la cuarta dosis restaura los niveles de anticuerpos a donde estaban poco después de la tercera.
Los expertos señalaron que los beneficios para las personas más jóvenes y saludables aún no están claros, y dicen que es probable que se deban desarrollar nuevas vacunas a medida que el virus continúa mutando estacionalmente.
contra el tapabocas. Veintiún estados de EEUU interpusieron una demanda conjunta ante la Justicia en contra de las ordenanzas sobre el uso obligatorio de mascarillas en el transporte impuestas por las autoridades sanitarias, anunció la fiscal general de Florida, Ashley Moody. Acompañada del gobernador de Florida, Ron DeSantis, que es un feroz crítico de la política anti-Covid de la Administración del presidente Joe Biden, Moody dijo que las ordenanzas sobre mascarillas emitidas por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) para los medios de transporte, aviones comerciales incluidos, son ilegales. Además, exceden la competencia de los CDC, que dependen del Gobierno; son infundadas, porque no está probado que sirvan para prevenir contagios.