Reuters
Quito
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ordenó ayer la expulsión del representante del Banco Mundial en Quito por una añeja disputa en torno a la negativa del organismo a desembolsar un crédito de 100 millones de dólares en el 2005.
El pronunciamiento atizó la pugna entre ambas partes en torno a la decisión del organismo multilateral de suspender la entrega del crédito de libre disponibilidad cuando el líder nacionalista, que asumió las riendas del país en enero, se desempeñaba como ministro de Economía.
“Hemos recibido la carta en la que se expulsa a nuestro country manager (gerente de país, Eduardo Somensatto)”, aseguró un funcionario del Banco Mundial, que demandó no ser identificado. “Estamos analizando la situación y buscando canales de diálogo para mantener nuestras relaciones con el país”, agregó desde Washington.
La versión fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante un comunicado.
TENSAS RELACIONES. La decisión de Correa marca un nuevo punto de inflexión en sus tensas relaciones con los organismos multilaterales de crédito, especialmente con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, a los que el popular mandatario ha acusado de recomendar políticas económicas perjudiciales para el país.
El país andino espera recibir este año 86,5 millones de dólares del Banco Mundial para financiar el presupuesto del Gobierno central.
El Banco Mundial ha defendido su actuación en el caso argumentando que Ecuador violó uno de los requisitos para la entrega del crédito al modificar la estructura de distribución de un fondo petrolero para destinar mayores recursos al área social y disminuir la partida para el servicio de la deuda pública.
La resolución del Banco Mundial siempre fue rechazada por Correa, por considerarla una intromisión en las políticas económicas del país y un chantaje para mantener políticas económicas “ortodoxas” y “neoliberales”.
Ecuador adeuda unos 748 millones de dólares al Banco Mundial, según datos del Ministerio de Economía.
Crisis parlamentaria
Ecuador está a la espera de la decisión de la jueza que estudia la petición de prisión para los diputados, que podría calmar o empeorar el último episodio del conflicto político, que llevó a varios legisladores a salir del país. El presidente en funciones del Parlamento remitió a la asesoría jurídica del Legislativo una petición de la jueza de lo Penal de Pichincha, Elsa Sánchez, respecto a la situación de los legisladores. La jueza solicitó un informe en el que se establezca si 24 de los 50 legisladores restituidos y, sobre quienes se estudia una eventual orden de prisión, tienen fuero de corte, antes de pronunciarse sobre el pedido de prisión solicitado por una fiscala.