Por sexto año consecutivo, la organización que lidera Sebastián Acha dio a conocer los resultados del estudio que analiza las actividades informales; es decir, aquellas que no contribuyen al Fisco y se mueven por debajo de parámetros legales. El lavado de dinero representa el campo de acción principal para los que operan en la clandestinidad.
De acuerdo con el estudio, la economía subterránea alcanzó los USD 11.652 millones en el 2017, mientras que en el 2016 la cifra se había traducido en USD 11.092 millones (ver infografía). No obstante, como en el año antepasado el producto interno bruto (PIB) era de USD 27.460 millones y en el ejercicio pasado trepó a USD 30.186 millones, la diferencia proporcional evidencia una reducción en la informalidad, en 40,1% (2016) contra 38,6% (2017). Ya incluye los valores macroeconómicos actualizados. Para sacar estos resultados se realizan encuestas a empresas y se calculan los valores que dejan de ingresar a la economía formal.
Acha explicó que este tamaño de informalidad se debe a factores estructurales. Uno de ellos es la debilidad institucional que se ve en la escasa rigurosidad en los controles para el cumplimiento de las obligaciones empresariales. Esta falencia se fortalece por la deshonestidad que se convierte en corrupción, tanto del sector público como privado.
Otra razón es la excesiva burocracia del Fisco a la hora de registrar y cobrar a sus contribuyentes. Señaló que se deben buscar mecanismos más fáciles para los tributantes. Sin embargo, el principal factor de evasión se encuentra todavía en la calidad del gasto público. El hecho de que los pagadores de impuestos vean que sus aportes son derrochados en gastos superfluos y beneficios para políticos, no resulta atractivo.
“Ya tenemos la Ley de Responsabilidad Fiscal, está muy bien. Pero necesitamos una ley de austeridad fiscal, que fije que se recorten gastos en seguros de oro, viajes de oro, niñeros de oro y bocaditos de oro. Tenemos que sacar todo lo que se gasta de más dentro del Estado para mandar un mensaje a la población y así decir que nos estamos ajustando los cintos todos, por favor, hagan el esfuerzo de pagar sus impuestos”, comentó.
SOLUCIONES. Entre las alternativas que plantea el director de Pro Desarrollo para reducir la informalidad, se mencionan el RUC digital, herramienta que serviría para facilitar la inclusión al sistema tributario de los ciudadanos. De esta forma se dejará de lado la pérdida de tiempo y dinero para trasladarse hasta locales físicos de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) a hacer trámites.
Otra solución sería hacer un cruzamiento de las planillas del Instituto de Previsión Social (IPS) y de la SET, iniciativa sencilla que se puede emprender en cualquier momento y solo requiere voluntad. Recordó que ya dialogó con Benigno López, ministro de Hacienda, al respecto. La digitalización de los controles aduaneros es otro camino necesario, acotó.
Teniendo en cuenta el debate actual sobre reforma tributaria, Acha añadió que en lugar de aumentar las tasas impositivas, lo que debe hacer el Estado es buscar tener más contribuyentes. Para el efecto, los estímulos tributarios y las señales de mejorar el gasto público son necesarios, apuntó.