La transparencia y las nuevas herramientas que permiten al ciudadano tener mayor conocimiento del uso de los recursos, entre otros temas, fueron abordados en la jornada virtual de Integridad y Lucha Contra la Corrupción que se desarrolló ayer. Participaron el ministro de la Corte, Manuel Ramírez Candia; el contralor Camilo Benítez y el ministro de la Secretaría Anticorrupción, René Fernández, quienes hablaron de los trabajos que vienen realizando en las instituciones.
El contralor Benítez Aldana mencionó al ministro Ramírez Candia la necesidad del trabajo en conjunto con la Corte para evitar la superposición de competencias, aplicando la ley y la Constitución, que ya ha determinado que el Tribunal de Cuentas, dependiente del Poder Judicial, es competente para entender en los juicios contencioso-administrativos y no en cuestiones de control.
Ramírez Candia señaló en primer lugar, con respecto a la posibilidad del control previo de la Contraloría o el control concomitante, que considera que la Constitución no impide eso.
“La Constitución Nacional claramente establece que el órgano de control es la Contraloría General de la República, sin establecer que el control será previo, concomitante o posterior; por lo tanto, no hay impedimento constitucional para realizar ese control concomitante o previo”, enfatizó.
Ramírez Candia comentó también que desde la Corte se aplicaron medidas de transparencia y rendición de cuentas, como una plataforma para el monitoreo de causas judiciales relacionadas con hechos de corrupción.
MAYOR CONTROL. El contralor también habló de que existe mayor control de parte de la ciudadanía, en especial a los municipios y gobernaciones.
“Los municipios y las gobernaciones reciben apenas el 3% del presupuesto y los contratos del Estado constituyen el 25% del presupuesto. Ese 3% impacta a la gente, por eso la mayor cantidad de denuncias tienen que ver con los intendentes.. ¿Por qué?, porque la gente puede ver eso en su comunidad, en su escuela, si es que hay kits escolares, almuerzo, mejoras, etcétera”, precisó.
Destacó que la implementación de la rendición de cuentas online está en marcha, y va a terminar a finales de noviembre de este año.
“Como mi mandato culmina en noviembre y la idea era salir de la Contraloría este año, entonces proyectamos que ese proceso sea totalmente implementado con la finalización de nuestra gestión para dejar un legado”, sostuvo Benítez.
Se trata de un proceso para que las intendencias y gobernaciones que reciben fondos de Fonacide y royalties expongan cómo utilizaron esos fondos en la web, sin necesidad de trasladarse hasta Asunción.
Itaipú. Sobre Itaipú, señaló que considera que es una empresa binacional, pero el Estado paraguayo es dueño del 50% y, por tanto, la entidad fiscalizadora del Paraguay tiene que tener competencia para poder revisar eso, aunque sea en la parte posterior, en la ejecución de los gastos.
“Sería gravísimo esconder esos datos o manejar Itaipú a las espaldas de la ciudadanía”, destacó.
Mencionó que si de algo sirve el informe de la deuda de la entidad hidroeléctrica, “es que tenemos que transparentar toda la deuda de Itaipú, porque es una causa nacional y dependemos de la transparencia para una buena negociación”.
“ Nosotros hemos pasado la brecha del porcentaje razonable de endeudamiento”, dijo, señalando que hemos llegado al 35% del endeudamiento; es decir, el 35% de nuestro producto interno bruto y hasta el 30% es un porcentaje razonable. Ya hemos pasado a ese porcentaje y la única fuente de nuestro financiamiento real que tenemos son nuestras empresas hidroeléctricas, fuera de gravar nuevos impuestos, pero de alguna manera tiene que salir el dinero para que podamos pagar todos estos créditos que hemos tomado en los últimos años, más aún después de la pandemia. Por eso es que yo creo que una auditoría a la Itaipú va a dar transparencia y eso va a ayudar a cambiar muchas cosas que en definitiva le va a favorecer a nuestro país”, sentenció.
Tenemos que transparentar la deuda porque Itaipú es una causa nacional. Una auditoría va a ayudar. Camilo Benítez, contralor general.