Tener legisladores con problemas judiciales es una constante en ambas Cámaras del Congreso Nacional y también entre los parlamentarios del Mercosur. En total fueron 17 de este periodo legislativo los envueltos en problemas judiciales por hechos de corrupción y solo una ínfima parte de los mismos fueron castigados por la Justicia y hasta el momento, la sanción política y moral es lo que va en aumento. Doce de ellos siguen en la mira de camaristas, jueces y la Fiscalía.
Cuatro congresistas terminaron apartados de sus cargos como consecuencia de procesos por presuntos hechos de corrupción. El ex diputado José María Ibáñez fue el primero. Renunció tras la ola de indignación que despertó la insignificante sanción que recibió de la Justicia tras admitir haber estafado al Estado.
También ya están fuera los ex senadores Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto, procesados por los audios del Jurado de Enjuiciamiento que revelaron el tráfico de influencias. El cuarto es el ex senador Víctor Bogado, recientemente condenado, también con bajo castigo, por el caso de la niñera de oro, Gabriela Quintana, quien obtuvo varios contratos con el Estado.
PROCESADOS. Otros legisladores también cayeron en escándalos y procesos judiciales, de los cuales siete están imputados, cinco investigados y uno fue blanqueado.
Entre los imputados se encuentran el colorado Tomás Rivas, imputado por hacer figurar como funcionarios de la Cámara de Diputados a tres empleados de sus propiedades privadas. Rivas chicaneó por un año su caso para trancar su desafuero, pero finalmente la semana pasada ya no lo pudo evitar y terminó solicitando él mismo quedar sin inmunidad.
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Los parlasurianos Enzo Cardozo y Milciades Duré también están imputados. Cardozo por presuntos millonarios desvíos bajo su administración en el Ministerio de Agricultura y Duré por haber participado en el negociado de la venta de las tierras de San Agustín al Indert.
También está imputado el senador cartista Javier Zacarías Irún por enriquecimiento ilícito y falseamiento de datos.
Otro colorado procesado es el diputado con permiso Ulises Quintana, quien guarda reclusión imputado por un supuesto nexo con el narcotráfico.
El diputado liberal Carlos Portillo está imputado por tráfico de influencia y pesa sobre él un pedido de pérdida de investidura. El diputado por el PLRA Teófilo Espínola igualmente está imputado por supuesto daño patrimonial.
INVESTIGADOS. Por otro lado, son cinco los legisladores que están actualmente bajo investigación fiscal y que aún no fueron imputados. El Ministerio Público investiga al diputado Justo Zacarías, y a su esposa, la diputada Rocío Abed. En el caso que también involucra al senador Javier Zacarías Irún y su esposa Sandra McLeod por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Otro senador investigado es el liberal Dionisio Amarilla, también por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, a raíz de una denuncia hecha por la Coordinadora de Abogados del Paraguay.
El jueves se presentó un pedido de pérdida de investidura en su contra, por un nuevo caso de supuesto tráfico de influencia.
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Asimismo, en diciembre del año pasado, el Ministerio Público empezó a investigar al senador oficialista Rodolfo Friedmann por presuntos delitos cometidos durante su gestión como gobernador de Guairá. El presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, también enfrenta una pesquisa en su contra por enriquecimiento ilícito y lesión de confianza.
El diputado colorado Carlos Núñez Salinas es el que logró su blanqueo en el caso de contrabando, gracias a la ayuda de la Corte Suprema.
Proyecto antitráfico de influencias
El senador colorado Derlis Osorio presentó un proyecto de ley que establece la obligación de los altos funcionarios del Estado a presentar declaración jurada de intereses para impedir el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito.
También plantea la creación de un registro público que tendrá como autoridad de aplicación a la Contraloría. El término intereses se refiere a una situación actual o potencial en la que el interés privado de quien ejerce una función puede interferir o ser contrario o adverso a los intereses públicos.