A través de una resolución, con fecha 16 de abril, el titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, decidió designar a un nuevo juez instructor en el marco de la protesta presentada en contra de la adjudicación de la ruta Alberdi-Pilar, lo cual seguirá demorando la definición de la anhelada obra.
Según el escrito, fue designado el abogado Carlos Franco, en reemplazo de Virginia Aguilera, para sustanciar el procedimiento de la impugnación promovida por el consorcio Constructora Asunción y Asociados, integrado por EDB Construcciones y Constructora Asunción SA, perteneciente a Enrique Díaz Benza, ex suegro del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
Fuentes del sector de la construcción informaron ayer que los cambios se dieron por las supuestas presiones que rodean a la mencionada licitación, pero el director de la DNCP aclaró ayer a ÚH que los cambios se dieron porque la funcionaria Aguilera se cambió de cargo.
“La jueza instructora anterior cambió de cargo, por eso se designó a otro juez. Esto se suele hacer, lo que ellos hacen es compilar la información y los resultados son firmados por el director de la DNCP, después del compilado de los escritos de las partes en el borrador del texto de la resolución”, aclaró.
Recordemos que el grupo de Díaz Benza impugnó la adjudicación del MOPC ante la DNCP, concretamente el tramo del lote 1 –desvío Alberdi-río Tebicuary (51,56 km) y travesía urbana a Villa Franca (2,297 km)–, lo cual fue adjudicada al Consorcio CTT (Talavera y Ortellado SA y Tecnoedil SA) por G. 377.187 millones (USD 61,2 millones), que presentó la oferta más barata de la licitación.
El ente ya ordenó la investigación y suspensión del proceso, según los documentos a los que accedió este diario.
Mientras tanto, el ingeniero Enrique Díaz Benza manifestó a este diario que la impugnación se dio porque la empresa adjudicada no cumple los requisitos exigidos en el pliego y estaba siendo favorecida “por gente de adentro del Ministerio”. El empresario señaló: “Presentamos una protesta formal, no es para presionar, con documentos reales que obraban en nuestro poder. La empresa no podía tener la calificación que le dieron”. Vale señalar que la oferta de EDB en la mencionada licitación es de G. 380.009 millones.
OTRO PROCESO FUE ANULADO. Recordemos que Contrataciones Públicas ya había anulado en diciembre del 2017 otra polémica adjudicación para este mismo tramo, por lo que el MOPC nuevamente realizó otra licitación. Esto también se dio después de una impugnación que fue presentada por el Consorcio Ypoa, integrado por las compañías paraguayas Construpar SA y Constructora Heisecke SA y la uruguaya Ramón C. Álvarez SA, grupo que denunció una intromisión irregular de Fonplata en la licitación.
En cuanto al lote 2, pudo ser adjudicado por el Gobierno anterior a las firmas locales Ecomipa y Tocsa por G. 325.500 millones, concretamente para el asfaltado desde el río Tebicuary-Pilar (38,5 km) más el acceso a la capital del Ñeembucú (4,3 km), cuyas obras avanzan con dificultades debido a las lluvias.
