Política

Diputados tratarán de aprobar proyecto para seguir con el blindaje

 

Luego de pasar un año intentando poner en vigencia una ley que reglamente el artículo 201 de la Constitución Nacional, de la pérdida de investidura, en la Cámara de Diputados finalmente buscarán aprobar un reglamento interno para tratar los pedidos de expulsión que pesan sobre varios legisladores y los que se puedan ir presentando según los casos.

Ayer, en la reunión de la mesa directiva, se decidió incluir en el orden del día de la sesión de mañana la definición del procedimiento, y como ya adelantaron algunos parlamentarios, el problema central radica en la mayoría que se pretende establecer para la destitución.

Un sector de los diputados, los que en su momento aprobaron las leyes que reglamentaban el artículo 201 de la Constitución Nacional y que posteriormente fueron vetados por el Poder Ejecutivo por inconstitucional, pretende que la pérdida de investidura se de por mayoría absoluta de votos, y otro sector, que sea por mayoría simple tal como lo establece la propia Carta Magna. Por esto, la discusión se centrará en la cantidad de votos para expulsar a un legislador que cumpla con las causales establecidas en el artículo 201.

Al respecto, el diputado liberal Jorge Ávalos Mariño señaló que la idea es usar como base el proyecto que había presentado una parte de la oposición, justamente buscando una reglamentación interna para tratar los pedidos de pérdida de investidura y que establece la mayoría simple. Sin embargo, añadió que es el pleno y la mayoría quien finalmente define. “Estamos de acuerdo en el resto del procedimiento que se debe seguir, que se debe correr traslado, dar plazos, convocar a una extraordinaria para tratar y la discusión se va a centrar en cuanto a la mayoría”, remarcó.

Comentó que una vez que se tenga el reglamento ya se podrán tratar los pedidos de pérdida de investidura de los colorados Tomás Rivas y Ulises Quintana y el liberal Carlos Portillo.

Rivas, del cartismo, está imputado por cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso. Su caso se hizo público gracias a una investigación de ÚH.

Quintana, quien es parte del oficialismo, está imputado por los supuestos hechos punibles de tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El pedido contra Portillo se hizo en setiembre del año pasado, porque está imputado por tráfico de influencia, cohecho pasivo agravado, soborno y asociación criminal. Su proceso inició luego de que salieran a la luz una serie de audios que evidencian la supuesta intromisión del liberal en casos judiciales tramitados en tribunales de Alto Paraná.

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