Un debate de más de dos horas tuvieron ayer los diputados para aprobar la conformación de las comisiones especiales de investigación de los seis pedidos de intervención de municipios en distintos puntos del país.
El más polémico es el pedido para auditar la Comuna de Ciudad del Este, dirigida por la cartista Sandra McLeod de Zacarías.
A partir de ahora, cada comisión tiene hasta 15 días de plazo para presentar ante el pleno su dictamen, a favor o en contra de la intervención, y será la mayoría de los legisladores reunidos en sesión quienes definirán si existen los motivos para aprobar el pedido que remitió el Ministerio del Interior.
Se conformaron seis comisiones especiales para estudiar las causales de intervención de los municipios de Ciudad del Este (Alto Paraná), La Colmena (Paraguarí), Santa Rosa del Aguaray (San Pedro), Ñumí (Guairá), Limpio (Central) y Mbocayaty del Yhaguy (Cordillera).
Cada comisión está conformada por nueve miembros; 4 colorados, 3 liberales y 2 de los partidos minoritarios.
Aunque en mesa directiva se decidió que no integren las comisiones los diputados en cuyo departamento exista un municipio con pedido de intervención, los cartistas hicieron caso omiso a dicha decisión y es así que el imputado cartista Tomás Rivas, de Paraguarí, integra la instancia que analizará el pedido de intervención de La Colmena.
La jornada se alargó más de lo previsto debido a que cartistas y liberales llanistas quisieron introducir como un requisito en la conformación de las comisiones que exista un dictamen previo de la Contraloría General.
DESISTIERON. Finalmente, y para sorpresa de todos, al momento de llevar a votación las mociones, Basilio Núñez, líder de la bancada cartista, dijo que en ningún momento plantearon que haya dictamen de Contraloría y se aprobó por unanimidad la conformación de una comisión especial por cada caso. Los cartistas quisieron utilizar el dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales, que establecía en mayoría que debe pronunciarse la Contraloría. Varios legisladores, entre ellos el liberal Jorge Ávalos Mariño, indicaron que Asuntos Municipales no tiene ninguna competencia para dictaminar sobre la conformación de la comisión especial. “Nos reunimos solamente para conformar la comisión especial y que ella pueda dictaminar si hay fundamentos o no para la intervención. No tratamos las cuestiones de fondo”, puntualizó.
El patriaqueridista Sebastián Villarejo señaló que buscar el dictamen previo de la Contraloría es pretender dilatar el proceso. Por su lado, la colorada abdista Jazmín Narváez manifestó que se debe entender que una intervención no implica destitución. “No se hace en contra de nadie y no nos debería enfrentar entre colegas”, acotó.