29 mar. 2024

Diputados tienen dos semanas para definir intervención de municipios

Se conformaron seis comisiones especiales para analizar la situación de comunas que están bajo la lupa, entre ellas, la de Ciudad del Este. Comisión para La Colmena la integra el imputado cartista Tomás Rivas.

integrantes comision de intervencion municipios.JPG

Foto: ÚH Archivo

Un debate de más de dos horas tuvieron ayer los diputados para aprobar la conformación de las comisiones especiales de investigación de los seis pedidos de intervención de municipios en distintos puntos del país.

El más polémico es el pedido para auditar la Comuna de Ciudad del Este, dirigida por la cartista Sandra McLeod de Zacarías.

A partir de ahora, cada comisión tiene hasta 15 días de plazo para presentar ante el pleno su dictamen, a favor o en contra de la intervención, y será la mayoría de los legisladores reunidos en sesión quienes definirán si existen los motivos para aprobar el pedido que remitió el Ministerio del Interior.

Se conformaron seis comisiones especiales para estudiar las causales de intervención de los municipios de Ciudad del Este (Alto Paraná), La Colmena (Paraguarí), Santa Rosa del Aguaray (San Pedro), Ñumí (Guairá), Limpio (Central) y Mbocayaty del Yhaguy (Cordillera).

Cada comisión está conformada por nueve miembros; 4 colorados, 3 liberales y 2 de los partidos minoritarios.

Aunque en mesa directiva se decidió que no integren las comisiones los diputados en cuyo departamento exista un municipio con pedido de intervención, los cartistas hicieron caso omiso a dicha decisión y es así que el imputado cartista Tomás Rivas, de Paraguarí, integra la instancia que analizará el pedido de intervención de La Colmena.

La jornada se alargó más de lo previsto debido a que cartistas y liberales llanistas quisieron introducir como un requisito en la conformación de las comisiones que exista un dictamen previo de la Contraloría General.

DESISTIERON. Finalmente, y para sorpresa de todos, al momento de llevar a votación las mociones, Basilio Núñez, líder de la bancada cartista, dijo que en ningún momento plantearon que haya dictamen de Contraloría y se aprobó por unanimidad la conformación de una comisión especial por cada caso. Los cartistas quisieron utilizar el dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales, que establecía en mayoría que debe pronunciarse la Contraloría. Varios legisladores, entre ellos el liberal Jorge Ávalos Mariño, indicaron que Asuntos Municipales no tiene ninguna competencia para dictaminar sobre la conformación de la comisión especial. “Nos reunimos solamente para conformar la comisión especial y que ella pueda dictaminar si hay fundamentos o no para la intervención. No tratamos las cuestiones de fondo”, puntualizó.

El patriaqueridista Sebastián Villarejo señaló que buscar el dictamen previo de la Contraloría es pretender dilatar el proceso. Por su lado, la colorada abdista Jazmín Narváez manifestó que se debe entender que una intervención no implica destitución. “No se hace en contra de nadie y no nos debería enfrentar entre colegas”, acotó.

Embed

Más contenido de esta sección
Las ventas al público en los comercios pyme de Argentina cayeron un 25,5% interanual en febrero pasado, golpeadas por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores a causa de la elevadísima inflación, y acumulan un declive del 27% en el primer bimestre del año, según un informe sectorial difundido este domingo.
El mandatario decidió crear el fondo nacional de alimentación escolar esperando un apoyo total, pues quién se animaría a rechazar un plato de comida para el 100% de los niños escolarizados en el país durante todo el año.
Un gran alivio produjo en los usuarios la noticia de la rescisión del contrato con la empresa Parxin y que inmediatamente se iniciaría el proceso de término de la concesión del estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción. La suspensión no debe ser un elemento de distracción, que nos lleve a olvidar la vergonzosa improvisación con la que se administra la capital; así como tampoco el hecho de que la administración municipal carece de un plan para resolver el tránsito y para dar alternativas de movilidad para la ciudadanía.
Sin educación no habrá un Paraguay con desarrollo, bienestar e igualdad. Por esto, cuando se reclama y exige transparencia absoluta en la gestión de los recursos para la educación, como es el caso de los fondos que provienen de la compensación por la cesión de energía de Itaipú, se trata de una legítima preocupación. Después de más de una década los resultados de la administración del Fonacide son negativos, así como también resalta en esta línea la falta de confianza de la ciudadanía respecto a la gestión de los millonarios recursos.
En el Paraguay, pareciera que los tribunales de sentencia tienen prohibido absolver a los acusados, por lo menos en algunos casos mediáticos. Y, si acaso algunos jueces tienen la osadía de hacerlo, la misma Corte Suprema los manda al frezzer, sacándolos de los juicios más sonados.
Con la impunidad de siempre, de toda la vida, el senador colorado en situación de retiro, Kalé Galaverna dijo el otro día: “Si los políticos no conseguimos cargos para familiares o amigos, somos considerados inútiles. En mi vida política, he conseguido unos cinco mil a seis mil cargos en el Estado...”. El político había justificado así la cuestión del nepotismo, el tema del momento.