Editorial

Diputados no debe persistir en ser la cámara de la impunidad

A diferencia de la Cámara de Senadores, que ha echado o forzado a renunciar a cuatro de sus miembros en menos de un año por acusaciones de uso indebido de influencias y otros delitos de corrupción, la de Diputados hasta ahora solo ha expulsado a uno, manteniendo protegidos en el cargo a una gran cantidad de parlamentarios que se encuentran investigados o procesados judicialmente, entre ellos su propio titular, Miguel Cuevas, a pesar de las denuncias y las protestas ciudadanas. De este modo, el organismo mantiene el mote popular que arrastra desde hace tiempo, el de ser “la cámara de la vergüenza y de la impunidad”.

Desde hace tiempo, la Cámara de Diputados arrastra el estigma de ser conocida a nivel popular como “la cámara de la vergüenza y de la impunidad”, debido a la repetida tradición de amparar y proteger a personas procesadas o acusadas por hechos de corrupción.

Aunque en épocas anteriores esa situación no tenía tantos efectos, en los últimos años ha ido creciendo una expresión de hartazgo e indignación en la ciudadanía, con movilizaciones públicas, motivadas por las continuas publicaciones de investigaciones y denuncias periodísticas sobre los negociados en los que aparecen involucrados varios parlamentarios.

Ante esta presión social, el sistema de Justicia se ha visto obligado a actuar con mayor celeridad y los propios parlamentarios, especialmente en el Senado, se han visto obligados actuar para expulsar a sus pares que ya resultaban indefendibles. Fue así como en la Cámara Alta, en menos de un año, se han tenido que marchar Óscar González Daher (ANR), Jorge Oviedo Matto (Unace), Víctor Bogado (ANR) y Dionisio Amarilla (PLRA).

En la Cámara de Diputados, en donde es mucho mayor el número de parlamentarios que enfrentan procesos judiciales y acusaciones por hechos de corrupción, no existe la misma voluntad de sanear y transparentar el cuerpo legislativo, como sí ocurre en Senadores. Hasta ahora, solo uno de los miembros de la Cámara Baja, el diputado José María Ibáñez (ANR) fue forzado a renunciar, ya que su caso era realmente insostenible, pues el mismo había admitido ante la Justicia que cometió el delito del que se le acusaba (pagar a sus caseros con dinero público, al hacerlos figurar como funcionarios de Diputados) y devolver parte de lo robado para beneficiarse con medidas sustitutivas a la prisión.

En la Cámara Baja, el corporativismo en favor de la impunidad es mucho más fuerte o los diputados son mucho más caraduras ante los reclamos de la ciudadanía. Recurren a todo tipo de argucias para no tratar los temas que involucren a alguno de los miembros. Hay una minoría de diputados que sintonizan con las protestas, pero no cuentan con la fuerza suficiente para llevar adelante el tratamiento de un pedido de pérdida de investidura.

Entre los diputados investigados por la Justicia se encuentra el propio presidente de la Cámara, Miguel Cuevas, quien enfrenta una causa que lo indaga por enriquecimiento ilícito y lesión de confianza, pero el mismo cuenta con la protección del sector oficialista y otros aliados. También están bajo proceso de investigación Justo Zacarías (ANR), Rocío Abed (ANR), Esteban Samaniego (ANR), Avelino Ávalos (ANR) y Marlene Ocampos (ANR).

Entre los que ya enfrentan procesos judiciales se encuentran Ulises Quintana (ANR), Tomás Rivas (ANR), Carlos Portillo (PLRA) y Teófilo Espínola (PLRA). Entre ellos, el caso de Portillo es uno de los más sintomáticos, ya que se viene salvando repetidas veces de un pedido de pérdida de investidura que está pendiente en su contra desde setiembre del año pasado, con la excusa de que el procedimiento no está reglamentado.

La organizaciones ciudadanas apuntan ahora sus acciones de protesta contra la Cámara de Diputados, para ayudar a que este organismo legislativo deje de ser “la cámara de la vergüenza y de la impunidad”.

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