En el argumento, los diputados refieren que la sentencia podría afectarles como personas e indican que con la publicación, sin su intervención de sus declaraciones juradas, que es información “de sensibilidad extrema”, se estaría faltando al debido proceso, además de infringir la Ley 5033 de las Declaraciones Juradas.
En el documento también se explica que la recusación contra los magistrados obedecía a que el sentido de sus votos ya había sido conocido con anterioridad y existieron preopiniones difundidas mediáticamente, por lo que solicitaban la integración de nuevos miembros.
Esta medida fue presentada por el grupo de diputados como acción desesperada para frenar la publicación de sus patrimonios y se trataba de la segunda jugada del sector, ya que un día antes, en la sesión de la Cámara Baja, intentaron adelantarse al fallo desfavorable de la Corte dando sanción a un proyecto de ley que clasifica como errores administrativos los datos falsos consignados por las autoridades en sus declaraciones juradas de bienes, despenalizando el falseamiento.
También se establecía que el acceso a esa información podría darse únicamente a través de una orden judicial.
Antecedente. Juan Carlos Lezcano presentó un amparo constitucional para la publicación de todas las declaraciones juradas de bienes y rentas de autoridades de los últimos 20 años, por lo que la Contraloría General de la República promovió una acción de inconstitucionalidad, que fue rechazada por la Corte y, por tanto, se aguarda la liberación de los documentos.
Tras la aprobación del proyecto que despenaliza el falseamiento de datos en las Declaraciones Juradas, la indignación ciudadana fue tal que los diputados Sergio Rojas, María López y Marcelo Salinas, integrantes de la bancada B del PLRA, comunicaron la rectificación de su decisión y anunciaron el apoyo al veto del Poder Ejecutivo, que también fue adelantado por el presidente de la República Mario Abdo Benítez.
El diputado cartista Basilio Bachi Núñez explicó que el motivo por el cual se oponen a la publicación de sus bienes es el riesgo a la inseguridad y el temor a los secuestros.
Incontables esfuerzos fueron emprendidos por políticos a lo largo de los años para seguir ocultando la información de sus bienes. El proyecto original, presentado por los senadores de Patria Querida, establecía que las declaraciones juradas sean públicas y que incluso obren en la página web de la Contraloría.