Política

Diputados demandan hoy a Itaipú por negar información

 

Los diputados Kattya González y Édgar Acosta, bajo patrocinio de Emilio Camacho, formalizarán hoy una acción judicial contra la Itaipú Binacional por negar información pública sobre la contratación millonaria de asesores jurídicos por la suma de USD 400.000.

La presentación del amparo constitucional de acceso a la información se realizará a las 10:00 en la sede del Poder Judicial.

La esposa del senador Silvio Ovelar, actual asesora jurídica de Itaipú, Iris Magnolia Mendoza, junto con otros gerentes, autorizaron la contratación de Geolegal, estudio jurídico ambiental sociedad simple, para asesoramiento jurídico en el ámbito ambiental, laboral, penal, civil y comercial por la suma de G. 1.440 millones.

Hubo otra contratación directa para asesoramiento a la Dirección Jurídica del Estudio Jurídico Ramírez Maldonado Abogados y Asociados por valor de G. 1.416 millones.

“Esperamos de nuestros jueces un fallo emblemático y que dejen de vender impunidad a Itaipú, institución a la que la cúpula de la ANR libertina y corrupta convirtió en un botín político para comprar cargos y elecciones. Esperamos el acompañamiento ciudadano”, recalcó la diputada González.

Los diputados que accionan contra la entidad argumentaron que en esta acción judicial concurren de manera plena los requisitos de un acto u omisión ilegítimo, de una autoridad pública, que lesiona gravemente el derecho de acceso a la información pública, lo que ocurre en forma permanente y continuada, “dañando nuestro derecho, poniendo en riesgo la soberanía misma del Estado”.

La Constitución. Consideraron que el director paraguayo de Itaipú, Manuel María Cáceres, es funcionario público cuyas acciones deben estar sujetas a la Constitución Nacional.

“Resulta jurídicamente indiscutible que el director general de Itaipú está subordinado al Gobierno paraguayo y, más concreta y puntualmente, al presidente de la República”, refiere el documento que será entregado en el Poder Judicial.

La diputada González precisó que requieren información sobre los contratos suscritos desde el 2018 con los antecedentes documentales, montos, nombres y apellidos de los contratados o integrantes de las sociedades o corporaciones.

Así como la nómina completa de los abogados asignados a la dirección jurídica de la entidad, sus funciones, salarios (cualquiera sea su denominación, origen, incluyendo pago de horas extras y viáticos), dependencias donde cumplen sus tareas con los detalles, etc.

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