Los pedidos de acuerdo constitucional para las intervenciones de Ciudad del Este, La Colmena, Santa Rosa del Aguaray y Limpio ya tuvieron entrada en la sesión anterior de la Cámara Baja y ahora se espera que sean abordados por la mesa directiva, para que se fije fecha de tratamiento.
Denuncias de malversaciones, falta de rendición de cuentas, contratos leoninos y mala utilización del dinero del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) son algunas de las causales para la intervención detallada en los documentos que obran en la Cámara Baja.
Para algunos diputados de la oposición ya no quedan argumentos para la dilación, en especial, para el caso que afecta a la Comuna de Ciudad del Este, administrada por Sandra McLeod.
La diputada Kattya González anticipó que en la mesa directiva solicitarán que no se dilate este estudio en la plenaria.
“Creo que el tema de Ciudad del Este no escapará a la realidad, al reclamo no solamente de los concejales, sino también al pedido ciudadano. Cabe recordar que ya se salvó de una intervención en el periodo pasado”, dijo.
Sobre la administración de McLeod obra una denuncia de una malversación millonaria. Los siete concejales que aprobaron el pedido argumentaron que se malversó el impuesto inmobiliario por la suma de G. 36.507 millones.
Obran otros quince puntos en la denuncia como el incumplimiento de la ley orgánica municipal, la falta de rendición de cuentas, contratos amañados, irregularidad en los pagos de servicios personales, entre otros.
LOS AFECTADOS. Los intendentes en la mira son Carlos Palacios (Limpio); Esteban González (Santa Rosa del Aguaray); Mario Melgarejo (La Colmena), todos cartistas, al igual que Sandra McLeod (Ciudad del Este).
PROCESO. La Cámara de Diputados deberá constituir comisiones especiales para la investigación de los hechos denunciados, sobre los cuales deberá expedirse dentro del plazo de quince días hábiles.
En este sentido, el diputado Jorge Ávalos Mariño dijo que para mayor transparencia propondrán que las comisiones que investigarán una determinada comuna no sean compuestas por un diputado del departamento donde se encuentra esta, para evitar especulaciones.
Ávalos Mariño refirió que no hay diálogo respecto al tema con las demás bancadas y que el lobby corresponde a quienes solicitan la intervención, en este caso, concejales.
A su criterio, nadie debe poner palo a la rueda para que se investiguen las graves denuncias.
SUMAN MUNICIPIOS. A todo esto hay otros dos municipios, como el de Alberdi y Humaitá, en el Departamento de Ñeembucú, cuyos concejales ya aprobaron pedidos de intervención y están en trámite en el Ministerio del Interior, que debe dictaminar.
También en el Departamento de Canindeyú, específicamente en las localidades de La Paloma y Francisco Caballero Álvarez, más conocida como Puente Kyjhá, se aprobaron pedidos de intervención.
