A solicitud de diputados como Sebastián Villarejo, de Patria Querida, la versión aprobada en la Cámara Baja quedó solo para los alumnos provenientes de colegios públicos y privados subvencionados.
“Es un Estado con recursos finitos, pero con necesidades infinitas”, dijo Villarejo entre sus argumentos para no aprobar la universalidad de la propuesta legislativa.
Además, modificaron el modo de financiamiento y dan un plazo de tres meses al Ejecutivo para promulgar la iniciativa. De tener el visto bueno del Ejecutivo -el ministro de Hacienda, Benigno López, ya mostró su oposición, correría recién desde el 2021 y no a partir de este año, como pedían los alumnos.
Otros legisladores como Celso Kennedy, representante de Caaguazú por el PLRA, indicó que la universalidad permite que la normativa no se utilice como botín político y se asigne a personas por su cercanía con los gobiernos o autoridades universitarias de turno.
El proyecto de ley pasa de vuelta a Senadores donde deben definir si rechazan los cambios o se ratifican en su versión.
Críticas. “Lo aprobado por los diputados es una victoria, pero no es completa porque el arancel cero no será para todos”, lamentó Mauricio Kiese, de la Coordinadora Estudiantil de la UNA (Ceuna).
Los estudiantes que marcharon por las calles de la capital y aguardaron el dictamen de los parlamentarios desde la plaza de Armas, criticaron el plazo de 90 días que dieron al Ejecutivo para expedirse sobre el caso.
María Belén González, estudiante de Derecho UNA, reivindicó el arancel universal para que llegue a todos los alumnos y alumnas.
“Nosotros vamos a seguir movilizados y reclamando la universalidad del proyecto para que se convierta en un derecho humano y no discrimine a nadie”, remarcó.
Vueltas. Tras los cambios en Diputados, el proyecto debe estudiarse nuevamente en Senadores. Si estos se ratifican en su versión, nuevamente debe ir a Diputados y luego pasa al Ejecutivo para su promulgación o veto.
Todavía se desconoce cuándo tratarán el tema en la Cámara Alta.
