El congresista está acusado por presunto cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
La diligencia, donde se decidirá si debe o no afrontar juicio oral y público, será realizada ante el juez de Garantías, Raúl Florentín.
En la causa, los demás coprocesados, Reinaldo Chaparro, Lucio Romero y Nery Franco, fueron condenados en juicio oral, a tres años y dos años y medio de cárcel, por los mismos delitos.
Sin embargo, en el caso de Rivas, como el desafuero de la Cámara Baja demoró más de un año en concederse, finalmente, el caso se dividió y los coprocesados tuvieron que ser enjuiciados antes.
La Fiscalía, que inició la investigación tras las publicaciones de ÚH, sostuvo que los empleados percibían un salario de la Cámara de Diputados, pero en realidad trabajaban en las casas del diputado cartista Tomás Rivas.
Ninguno de los tres condenados concurrió a sus puestos laborales en Diputados en las fechas de sesiones a las que sí asistió el parlamentario. No obstante, firmaron planillas de asistencia de entrada y salida, certificadas por el propio diputado.
El fallo de los caseros se encuentra ahora en etapa de apelación, mientras que con respecto al caso del diputado, recién llegó a la etapa de la audiencia preliminar.
La diligencia ya tuvo que ser suspendida en varias ocasiones por los diversos recursos promovidos por la defensa del legislador.
Rivas negó siempre que esos tres hombres sean empleados particulares.
La preliminar se había suspendido porque el legislador había requerido que se realicen pruebas anteriores que le permitirían pedir su sobreseimiento.
