“Con el desbloqueo de listas, las campañas serán prácticamente individuales y se debe saber quién las financia. Por eso tiene intervención desde el inicio Seprelad, también la SET (Secretaría de Estado de Tributación) y Contraloría”, manifestó la legisladora.
Según la propuesta, que se encuentra en la Cámara de Diputados, las agrupaciones políticas deberán reportar situaciones sospechosas y los candidatos rendir gastos e ingresos. “Por eso también incluimos en el proyecto que los movimientos y partidos políticos sean sujetos obligados, conforme la Ley 1015, de prevención de lavado de dinero. Esto es necesario si de verdad queremos controlar el origen del dinero en las campañas”, insistió Vallejo.
La proyectista remarcó que las campañas deben ser controladas de principio a fin en internas y generales.
“La ley de financiamiento que trabajamos tiene por objetivo que, cada candidato, tanto para las internas como para las generales, declare el origen de los fondos que recauda y en qué se usa”, dijo.
Todos los movimientos financieros deben ser notificados al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y establecerse una trazabilidad.
“Eso debe ser comunicado desde el inicio al TSJE y luego volver a hacerse rendición a mitad y final de campaña y que todo sea público. El objetivo es conocer la trazabilidad de los recursos y que esto sea público en todo momento, a fin de que la gente también pueda hacer el seguimiento”, expresó.
En conclusión, según señaló la diputada, la nueva ley de financiamiento político incluye la trazabilidad de los recursos, el origen de los recursos, transparencia, control y publicidad por candidato.
Otro punto importante es la obligatoriedad de presentar una declaración de intereses, que se refiere a la información del sector económico al que está ligado el candidato, como por ejemplo, el bancario o el del combustible.
Vallejo manifestó que la norma que entró en vigencia en 2018 y que regirá desde las internas del 12 de julio del 2020 no es suficiente.
“El objetivo es conocer la trazabilidad de los recursos y que esto sea público en todo momento a fin de que la gente pueda seguir”.
“Incluimos en el proyecto que los movimientos y partidos sean sujetos obligados de prevención del lavado de dinero”.
Rocío Vallejo, diputada.
La ley no servirá, dice analista
El politólogo Marcello Lachi calificó a la ley de financiamiento político como un tecnicismo que no evitará que ingrese dinero de forma irregular en las campañas electorales, ya que siempre se buscará la forma de burlar la norma.
Comentó como ejemplo que si antes se recurría a un contador, ahora se recurrirá a cinco, entre otras cosas.
“La ley de financiamiento no va a cambiar nada, son formalismos, y a los formalismos se ve la manera de pasarlos por encima, te hacen más complicado nomás”, apuntó. En cuanto a la intervención del narcotráfico en la política, indicó que esta es un efecto de lo que pasa en Canindeyú y Amambay. “Zonas liberadas donde la criminalidad y el narcotráfico hacen lo que quieren”, agregó.
Señaló que no hay un combate real desde el Estado.
