Se trata del llamado 330224 por G. 49.997 millones (unos USD 7,2 millones al cambio actual); mientras que el informe de Contraloría detectó graves irregularidades en el proceso de adjudicación y derivó un dictamen a Fiscalía para que arranque investigación penal.
Según reporte del ente, la proveedora es Omni SA; su representante legal es Eduardo de Gásperi Camacho, que fue titular de Aduanas y además consejero del Instituto de Previsión Social (IPS).
Por denuncias de que no estaban funcionamiento los aparatos, a fines de 2021 la Contraloría inició una investigación; cuya quinta observación señala que la empresa Omni SA no realizó la prueba del funcionamiento en el sitio del radar. Esto representa una grave irregularidad, ya que esta “Prueba de Aceptación del Terreno”, formaba parte del contrato y debía asegurar que todo funcione correctamente en el sitio donde iba a operar, según el informe.
La octava observación del informe detalla un último pago, que hasta ahora es desconocido. Ya durante la administración de Félix Kanazawa, la Dinac pagó una ampliación de G. 826 millones por ambos radares. Esto, a pesar de haber ya cancelado el pago de G. 49.997 millones, según el reporte.