El proyecto fue girado a comisiones y da más tiempo a las distintas bancadas a generar una ley a medida, más allá de que sea eficaz para el control de las campañas en las internas y las generales.
Según los participantes del debate, el texto original tiene omisiones, ya que, por ejemplo, no contempla que a los aportantes se les deduzca a la hora de pagar sus impuestos el 100% de sus contribuciones políticas, de modo a incentivar el aporte controlable y rastreable. Tampoco hubo acuerdo sobre cuál sería el mecanismo de control.
La normativa obliga a que los candidatos entreguen su documentación a los tribunales electorales, bajo la posibilidad de que si estos no proveen los datos solicitados, no serán inscriptas sus candidaturas.